- Jesús Medina Olivares la calificó como una falta de responsabilidad del PRI, PAN, PVEM y PANAL
- La dirigencia estatal del PT consideró que la “ley antimarchas” se descongeló en un momento delicado e inoportuno donde las manifestaciones están a la orden del día
Para la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes, la reciente aprobada ley de movilidad, que fuera aprobada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por los legisladores de los grupos parlamentario del PRI, PVEM, PAN, y Nueva Alianza el pasado martes; legitimaría la represión y violencia de Estado.
A través de Jesús Medina Olivares, miembro de la dirigencia; el instituto político se pronunció en contra de su aprobación, que será turnada para revisión y aprobación del Senado, y luego arribará a las legislaturas de los estados.
Reprobó que se descongelara dicha propuesta en un contexto como el actual, por lo que dijo, es delicado, inoportuno e irresponsable que dichos partidos la hayan aprobado, y consideró que el PAN le está haciendo el trabajo sucio al PRI, al argumentar que luego de la implementación de la llamada “ley bala” en el estado de Puebla, ahora Acción Nacional legitimará el intento del PRI para inhibir las protestas y movilizaciones que se han ido incrementando en los últimos meses, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicó además que la aprobación de dicha normativa serviría para reprimir a los manifestantes y añadió “no se puede hablar de democracia cuando se impide la crítica a los gobiernos buscando impedir los actos de protesta”, y consideró que es insostenible el argumento acerca del cual se antepone el derecho a la movilidad del resto de la ciudadanía, para no ser afectados por manifestaciones y cierres en avenidas o calles.
El excandidato a alcalde por la capital recordó el caso del Distrito Federal, donde una juez federal declaró inconstitucional la aplicación de dicha ley, al considerar que viola los derechos humanos y aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una importante responsabilidad al respecto, ya que existen organizaciones que han iniciado a promover acciones de inconstitucionalidad contra dicha reglamentación.
Además de responsabilizar a los citados partidos por la aprobación del planteamiento, criticó la postura del PRD, partido que dijo, se rasga las vestiduras en los órganos legislativos del Congreso de la Unión, pero en el Distrito Federal fue el primero en aprobar dichas acciones en contra de las manifestaciones. Calificándola como una decisión de corte autoritario, enfatizó que busca reprimir los movimientos sociales que han surgido como hartazgo del ejercicio gubernamental, y aunque aceptó que tal vez en algunas ocasiones la ciudadanía se vea afectada por las movilizaciones, advirtió que eso no justifica la posible violencia de Estado a la que se pueda someter a los individuos que protestan.
Medina Olivares aseveró que se pretende resolver con arbitrariedades la respuesta que ha tenido la población ante las arbitrariedades del Estado, y sentenció que la criminalización de la protesta responde la difícil situación del país, buscando hacer uso de una ofensiva ideológica, pese a que la población ha despertado en defensa de sus derechos y llamó a la misma a seguir ejerciendo presión, así como estar alerta sobre una posible vuelta a la represión vivida en la década de 1960 y 1970.
