Uno de los mayores referentes para identificar los niveles de pobreza que padece la población es la raquítica percepción salarial de la mayoría de los trabajadores, que trae como consecuencia un menor poder de compra de las familias mexicanas.
El salario ha sido uno de los temas más manoseados por los intereses de las élites en la política partidista y también el más golpeado desde que México ingresó a la llamada globalización sin estar preparados para competir con grandes y medianas potencias económicas.
Indudablemente nuestra nación requiere de una nueva política salarial, pero ésta no debe ser definida sólo por quienes están en el gobierno ni por las cúpulas sindicales o empresariales de siempre.
Es necesario establecer nuevas políticas que deriven en un salario digno para los mexicanos que ganan poco y trabajan de más. En ese proceso deberá surgir una figura institucional que sustituya a la amañada Comisión Nacional de Salarios mínimos.
No es con la consulta pública ni bajo la suposición de índices inflacionarios como se puede definir cuál es el salario que todos merecemos. Se vuelve indispensable atender el reclamo de los trabajadores de “carne y hueso” que ni el sudor ni el cansancio logran que obtengan el sustento mínimo para sus familias.
Tampoco deben quedar en el silencio las voces de expertos que saben del comportamiento de la economía para aportar una opinión ilustrada que contribuya a mejorar el ingreso de cada trabajador.
Hoy, los que deciden el sueldo de los mexicanos se esmeran más por lograr el mejor tope como percepción para los altos rangos de la burocracia que en contar con el mejor mínimo para los obreros.
Estamos en un país de contrastes. Mientras que, los que tienen trabajo ganan en su mayoría casi 64 pesos diarios, unos cuantos y sin el mayor de los esfuerzos reciben 50 mil, 100 mil o hasta 200 mil pesos mensuales o más.
En el plano internacional, cuando en México un trabajador recibe en promedio menos de cinco dólares por día, en China con su creciente economía, el salario de un obrero es de casi siete dólares.
Y no hay que omitir que a las familias mexicanas les cuesta más de mil 200 pesos el tener una canasta básica suficiente para sobrevivir el mes.
Con mucha anticipación, y como si ya se tratara de un decreto, la propuesta del incremento salarial para el 2015 se fijó no mayor al cuatro por ciento.
Difícil son también las condiciones para más de 200 mil aguascalentenses que dependen de la informalidad y por tanto, ellos no conocen de salario mínimo ni de topes salariales.
A nuestro tema, hay que añadirle el hecho de que el Congreso de la Unión reformó la Constitución para impedir que el salario mínimo sea referente para el pago de multas o de créditos, bajo el argumento de que se trata del primer paso para mejorar el ingreso de los mexicanos.
Sin duda, una medida de riesgo porque no encuentro las condiciones de ley para perfeccionar la productividad laboral ni revertir el yugo que tiene este tipo de empresa con la actual Reforma Fiscal.
Las condiciones en ese nuevo esquema legal del gobierno mexicano, representan una nueva traba para nuestra economía, que por cierto nunca logra superar las crisis recurrentes.
Creo que no se previó el qué pasará con más de cinco millones de créditos hipotecarios cotizados y sustentados bajo el régimen de salarios mínimos, pero que bajo el nuevo esquema, seguramente serán reactivados a la alza.
Bajo el contexto anterior, cabe como expresión la de ¡pobre México con tanto trabajador tan pobre!
