Jesús Enrique Ramírez Ramírez
Un político americano invita a uno mexicano a su casa a cenar. El mexicano llega y ve la casa de su homólogo y dice: wow, linda casa, ¿cuánto ganas? El americano le responde: 100 mil dólares al año; y con 100 mil ¿te alcanza para vivir así? El americano le responde: no, claro que no, y le dice: “¿Ves aquella carretera?” Y el mexicano responde que sí… el americano le dice: el 10% está aquí… Luego, el político mexicano invita al americano a su rancho en México. El americano se sorprende y dice wow, lindo rancho, cuánto ganas? El mexicano responde: 100 mil dólares, lo mismo que tú. El americano pregunta: y con 100 mil dólares vives así? El mexicano responde “no, claro que no” y le dice “¿ves aquella carretera?” El americano dice “no, no veo nada” el mexicano le responde: es que toda está aquí.
-Sabiduría popular
Los resultados entregados por el auditor superior de la Federación a la Cámara de Diputados, en el que se reveló la participación de mil 300 funcionarios públicos involucrados en el mal manejo de 50 mil millones de pesos, nos invita a generar una profunda reflexión sobre la necesidad de combatir, no sólo en discurso, sino con hechos, la corrupción en el país.
Tan solo en el primer año de gestiones de Enrique Peña Nieto se conformaron mil 400 expedientes con múltiples irregularidades y, de esos expedientes, mil 300 son ya acusaciones concretas de presuntos actos de corrupción por más de 50 mil millones de pesos, según lo reportó el titular de la Auditoría Superior, Juan Manuel Portal, en su informe al Congreso.
Los resultados de las revisiones no son cosa menor, por el contrario, habla de un manejo discrecional de los recursos públicos realizado durante el 2013, año que comprende dicha revisión, que por cierto no contempló auditar los fondos que el presidente ejerce de forma directa.
Esos 50 mil millones a qué equivalen, o ¿cómo podemos aproximarnos a lo que significa esa cifra de muchos ceros?
Estimaciones conservadoras dicen que equivalen a 12.7 veces el presupuesto que el INE autorizó a los partidos políticos para este año, que asciende a tres mil 909 millones de pesos o 40 por ciento del recorte presupuestal aplicado por la Secretaría de Hacienda en enero pasado, el cual será de 124 mil millones de pesos o poco menos del presupuesto que este año ejercerá el Poder Judicial (SCJN, Consejo de la Judicatura Federal y TEPJF), que es de 51 mil 769 millones de pesos o 33 veces el gasto autorizado para la Secretaría de la Función Pública, que este año asciende a mil 483 millones de pesos.
Las irregularidades fueron en dependencias como la Secretaría de Educación Pública, de la Reforma Agraria y en el gasto social. Pero también hubo irregularidades en un centenar de programas de otras dependencias y en las entidades del país, prácticamente ninguna quedó limpia en esta revisión.
Dos casos llaman poderosamente la atención: los “errores” del SAT que originaron la devolución de impuestos a importantes empresas y los más de mil 200 millones ocultados en el Senado de la República, bajo la administración del extitular de hacienda, el panista Ernesto Cordero.
Todo este cochinero alcanza a muchos políticos. Aquí lo importante es que hay dictámenes, nombres con apellidos y documentación precisa para que se inicien los procedimientos legales conducentes y que los responsables devuelvan o aclaren satisfactoriamente los recursos en cuestión. Eso sería lo menos que debe suceder.
