En la última década, México ha enfrentado un crecimiento exponencial en la comisión de delitos de alto impacto, y una degradación social que hoy nos coloca como una de las naciones más violentas e inseguras del mundo.
Pasó desapercibido, por esfuerzo oficial, el último reporte de la organización Human Rigths Watch (HRW) acerca de la situación de violación a los derechos humanos en México. Su contenido refleja una lacerante realidad que nadie puede ignorar y que está relacionada al incremento inusitado de secuestros, tortura, mala actuación del ejército, que ponen a nuestro país en una situación delicada respecto del resto del mundo.
Al inicio de la actual administración federal, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón había dado pie a graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A comienzos de 2013, el Gobierno Federal, informó Índigo, que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 y que por cierto en ese momento el presidente lo calificó como una grave crisis humanitaria al grado de promulgar una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
A prácticamente dos años, el Gobierno Federal ha registrado pocos avances en la disminución de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.
HRW habla en su estudio divulgado a finales del año pasado que miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el expresidente Calderón (2006-2012) diera inicio a la “guerra contra el narcotráfico”.
Las técnicas de investigación pericial siguen siendo caducas, inoperantes y poco confiables. Por esa razón es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos.
Enrique Peña Nieto apenas el año pasado reconoció que poco más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de 2006.
A pesar de haber creado en ese año, a instancias de la PGR, una unidad dedicada a investigar desapariciones, no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas y, lo que parece increíble creer, nuestro país no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes.
Una muestra fehaciente de ello es que tras la búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en Guerrero, en la afanosa búsqueda fueron localizadas por casualidad 22 fosas de las llamadas clandestinas, con restos humanos de más de 200 personas, pero no los 43.
La impunidad, alimentada desde la cúpula del poder, ha alcanzado también a las Fuerzas Armadas en una lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la CNDH recibió ocho mil 150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116 casos en los cuales determinó que elementos de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos.
Así la administración peñista se empeña por ocultar información vital para los mexicanos. Oculta estadísticas sobre los principales delitos graves que enfrenta la sociedad mexicana en un intento por borrar esa parte de la realidad que indigna a una sociedad cada vez más despierta, más atenta y más activa y consciente de su realidad, una realidad que se devela poco a poco, en historias que aún faltan por contar.
