- Juzgados locales y federales remiten oficios sobre procesos en los que se alega que hay tortura
- Para el ombudsman no se aumentan los casos de tortura, sólo se visibilizan con las nuevas herramientas de justicia
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoce que cuenta con registros de consignaciones de juzgados locales y federales, donde se manifiestan denuncias de tortura causadas por elementos judiciales o policiales.
El presidente de la CEDH Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, indicó que algunos juzgados están remitiendo de oficio a la instancia de procuración de justicia federal y local, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre el conocimiento de procesos en los que se alega que hay tortura: “simplemente a lo largo de la semana he recibido unas cinco consignaciones de juzgados locales y federales”, en ellas se manifiesta una denuncia de tortura, por lo que se inició ya la investigación desde su facultad, pues se recordó que es la Procuraduría y Fiscalía estatal, la encargada y facultada para determinar si existe o no tortura en el caso.
Más allá de aumentar el número de casos de probable tortura, el ombudsman considera que incrementó la conciencia de los jueces en el tema, aunado a que la ciudadanía tiene ya mayor conocimiento de lo que se trata la tortura y cómo denunciarla; además del cambio de mentalidad ahora con el nuevo Sistema de Justicia Penal, con lo cual se tiene como resultado la visibilización de actos de tortura.
Al ser un tema delicado por intervenir figuras del sistema de justicia y derechos humanos, la tortura se considera un asunto pendiente de atender en México, Latinoamérica y Estados Unidos; ello a pesar de que existen mecanismos aceptados por los gobiernos como el Protocolo de Estambul, que son mecanismos que de manera indirecta pueden acreditar o no la tortura.
Martín Jáuregui explica que a partir de lo que se le conoce como “cadena de custodia”, se tiene una manera más fácil de identificar la existencia de acciones como ésta, sin tanto proceso burocrático. A partir de que una persona es detenida, la policía -hasta el momento que es expuesto el detenido ante el juez- es responsable del estado físico y de garantizar su integridad.
Por lo que si sufre algún menoscabo, presión o golpes para lograr una confesión, la autoridad mayor tiene la obligación de investigar y apuntar primeramente a dicho nivel de autoridad (policía preventiva), facilitándoles la identificación de los culpables para el acotamiento de las sanciones y resolución de los casos.
