Debido al historial de las instituciones gubernamentales en México y la actual posibilidad de difundir información a mayor escala, se ha consolidado el repudio de la sociedad a la clase política, sean o no todos mancos, sean o no todos ciegos. Debido a esto, los titulares de dependencias deben ser conscientes del escenario que se les presenta para lograr comunicar de manera pertinente las labores que realizan y emitir los mensajes necesarios que posibiliten a la población dimensionar las necesidades, circunstancias y recursos que implica la resolución de diferentes problemáticas. Ser funcionario público no es una tarea fácil y varios han evidenciado de múltiples formas corrupción, vicios, irresponsabilidades e ineptitudes; por lo que las administraciones y órganos del Estado deben realizar una minuciosa selección de sus equipos de trabajo, declaraciones y acciones para, al menos, evitar más manchas y vituperios de los que ya se otorgan a quienes, por una u otra razón incursionan en la actividad política del país.
Un lamentable ejemplo de ello es la nueva directora del Instituto de la Mujer de Celaya, Ileana Rangel Machain, quien al ser cuestionada por medios de comunicación sobre indicadores de las mujeres en el municipio guanajuatense, manifestó que debía documentar y esperar los archivos de su antecesora para conocer lo que había hecho la anterior administración del Insmujer. Si bien sería entendible la postura de evitar ofrecer datos duros, precisos, lo que es evidente es que Rangel Machain no cuenta con la sensibilidad, la conciencia, ni la formación sobre las problemáticas de las mujeres, pues al menos debería tener conocimiento de que se presentan 4.5 casos de feminicidio por cada cien mil mujeres en México, que para obtener datos sobre las circunstancias de la mujer sólo basta ingresar a bases de datos de observatorios ciudadanos, de ONU Mujeres, del INEGI, de universidades, y no sólo esperar lo que la anterior directora del Insmujeres haya registrado.
Sin embargo, este deplorable suceso sobre los organismos del Estado destinados a velar por la equidad y la igualdad de las mujeres en una sociedad heteropatriarcal no es un caso aislado; sino que deja entrever el terrible escenario al que se enfrenta la población -en especial la femenina- en Guanajuato, un estado que es altamente reconocido en el Bajío por su conservadurismo. Por ejemplo, Luz María Ramírez Villalpando, quien fue directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense del 2006 al 2012, es recordada por sus declaraciones misóginas, evidentes de una violencia simbólica -introyectada- machista, por ejemplo, el invitar a las mujeres a soportar violencia intrafamiliar “en nombre de dios y de la familia”, por hacer apología de la discriminación contra mujeres con piercings y/o tatuajes, condenar el aborto aún en casos de violación sexual.
Estas funcionarias han presentado vergonzosas y retrógradas declaraciones sin consideración, al menos, por el cargo que ocupan, las agendas nacionales e internacionales de organismos afines o ya, mínimo, por imagen pública y estrategia política; lo cual sólo evidencia el histórico conservadurismo y machismo político en el estado de Guanajuato, el cínico interés por sólo ocupar las vacantes de las dependencias ante el cambio de administración, que ni las mujeres en la política formal tienen conciencia feminista, o ya al menos, de su propia realidad, pues seguramente se enfrentaron a múltiples actos de desplazamiento por ser mujeres. Parece ser que el Instituto de las Mujeres en esta, y otras tantas entidades de la República, sólo ha quedado como un simple requisito, una dependencia que por razones legislativas debe existir, por lo que cualquier persona, siempre y cuando cuente con vagina, puede asumir el cargo.
Es urgente una revaloración y evaluación de los Institutos de las Mujeres, de sus funcionarios, así como un organismo que pueda hacer los señalamientos necesarios para así obligar a cumplir sus funciones desde una Perspectiva de Género; e incluso se presenta el tema que desde hace tiempo se ha impulsado por diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos, la creación de un instituto que atienda las diversas problemáticas de Género, no sólo a las circunstancias adversas de las mujeres, sino que se amplíe a masculinidades y diversidad sexual, lo cual seguirá siendo un pendiente, pero necesario para abonar a una sociedad más incluyente, humana y armónica, siempre y cuando, los equipos de trabajo sean los adecuados para llevar a cabo la tarea, la responsabilidad del Estado al contar con este tipo de dependencias.
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