En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió -luego de 2 años de querella- un amparo a cuatro ciudadanos mexicanos (Josefina Ricaño, Armando Santacruz, Juan Francisco Torres y José Pablo Girault), miembros del grupo SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante) para el cultivo, transporte y consumo recreativo de mariguana. El hecho, según se vea, puede considerarse histórico o irrelevante, esperanzador o escandaloso, pero sin duda es una pequeña luz que permitirá discusiones y evaluaciones concienzudas de algo que hasta hace poco era simplemente un tabú. Por lo pronto, y como es costumbre, las redes sociales que todo lo magnifican y desproporcionan, no han hecho esperar sus lamentos o celebraciones y el flujo de información absolutamente desbordado no ha dado si no lugar a una serie de despropósitos que oscurecen o banalizan el fallo de la corte, un fallo que, para los que suscribimos una agenda liberal, promete mucho.
En medio de la eufórica reacción, a favor o en contra, se han hecho notar diversas agendas: unos arguyen que éste es el inicio de una estrategia de combate al narcotráfico, otros celebran el mero hecho de dar un paso en las libertades civiles y, finalmente, los eternos paladines de las buenas costumbres, apuntalan asustados a la defensa de “los valores familiares”, y miran en la resolución el principio del fin: un país que terminará descomponiéndose y arruinando la vida de las futuras generaciones, o algo así.
Me siento tentado a tener un pie con el primer grupo: considero que si de alguna manera la eventual despenalización de la mariguana (en todos sus aspectos: cultivo, comercialización, transporte, consumo para cualquier fin) pudiera contribuir a disminuir en algún porcentaje la violencia, entonces es un paso que parece debemos dar tarde o temprano. Aunque mi ánimo dice que entonces deberíamos de comenzar una batalla frontal y sin tregua hacia esta despenalización sin más, los grupos que establecen la estrategia parecen apuntar a pequeñas batallas, éstos, los miembros de SMART, iniciando el camino a una jurisprudencia, otros, como el lobby del PRD, a la despenalización de la investigación y el uso medicinal como una forma más inteligente y menos frontal para que los pasos puedan darse más firmes y seguros. Es probable que tengan razón. Por otro lado valdría la pena preguntarnos si efectivamente la mariguana tiene una relación estrecha con la violencia del país, o cuál es el aspecto de su consumo que la tiene. Por un lado, los narcotraficantes forman parte del crimen organizado: su negocio es el crimen, el imperio de lo ilegal. Podríamos empezar por aceptar la probabilidad de que otras drogas sean más lucrativas, como aquellas que generan síndrome de abstinencia más fuerte y también que hay otras que per se, por los estados de excitación que pueden provocar, hacen al consumidor ser proclive a la violencia por la alteración de sus estados mentales. Por otro lado, más allá de las drogas, hay que aceptar que los delincuentes traficarían con azúcar si estuviera prohibida o con televisiones coreanas: lo que sea si es negocio. El producto es lo de menos. Y hasta aquí seguimos hablando de cosas: sucede que los delincuentes además lucran con vidas: extorsionan, hacen tráfico de órganos, generan comercio sexual, secuestran, es decir, se diversifican. Pensar pues que permitir el consumo de mariguana acabará con el narcotráfico, o más propiamente, con el crimen organizado, es seguramente esperar mucho.
Por otro lado, darnos cuenta de esto puede abonar a mejorar nuestro juicio sobre los consumidores, a quienes frecuentemente, yo mismo lo he hecho, acusamos de ser parte del problema de la violencia en México. Y es que si bien es cierto que los pesos que compran mariguana van a engrosar las cuentas de los mismos que venden goma de opio o trafican con migrantes, el campo semántico del problema es amplio y valdría la pena hacer distinciones de responsabilidad y culpa. Un comprador puede ser de alguna manera corresponsable, en algún nivel. Pero no es un asesino ni un criminal, porque además, está tomando una decisión que debería afectar sólo su propio cuerpo si las condiciones de libertades civiles fueran adecuadas. Por otro lado es probable que abone más a la violencia del país que un chico que compró unos gramos de mariguana termine en la cárcel, porque nuestro sistema penitenciario probablemente sea más efectivo preparando a los jóvenes para el crimen que reinsertándolos. Por último, respecto a este tópico, la resolución de la SCJN abrirá sin duda la puerta a discusiones sobre casos no previstos o no claros en la ley, por ejemplo, mientras los artículos 245 y 247 de la Ley General de Salud parecen prohibir el cultivo, transporte y uso de la mariguana el 479 abre la puerta al consumo en cantidades controladas (5 gr), pero no dice nada sobre su cultivo y comercialización. Así que, como señaló el magistrado Mario Pardo, que fue el único que votó en contra, respecto a que en el proyecto no se incluyó el asunto sobre las semillas o la garantía de existencia de las condiciones para cosechar el producto, la propia Ley es ambigua en ese aspecto. Se pueden tener 5 gr para consumo propio e inmediato -bajo el principio de que quien la consume es adicto-. Pero si es ilegal poseer más, ¿cómo se abastece a los adictos? Sin duda el tema es interesante y ahora más que nunca habrá de ser abordado.
Otro pie lo tengo puesto firmemente en los derechos civiles: ¿bajo qué premisa el estado decide que el ciudadano no puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo? El alcohol y el tabaco están permitidos, mientras la mariguana, que no ha probado tener efectos ni siquiera equiparables a los de estas dos sustancias no lo está. Pero incluso si tomamos el camino de argüir por el daño que causa en el usuario ¿tendría algún gobierno derecho a prohibir la sal o el azúcar, las grasas -el ahora de moda tocino- para que sus ciudadanos no se dañen? Pensar en esos términos es darle potestades peligrosas al estado, encumbrarlo como un padre regañón que tiene derecho a decirnos qué hacer con nuestras vidas. Y nunca ese proyecto ha salido bien en la historia.
Dedico unas líneas para los preocupados por las buenas costumbres: sobre el derrumbamiento del estado, habría que revisar las condiciones de los países en relación a la prohibición de la mariguana: Europa casi en su totalidad, Canadá y los países más desarrollados de América Latina tienen criterios mucho más liberales y no parecen estarse desbaratando. En cambio, por lo pronto, nuestro país, con todo y la prohibición, sí. Por otro lado ¿el camino correcto para evitar “tentaciones” con las que no están de acuerdo para sus hijos es prohibirles a los demás que éstas estén a su disposición? ¿De verdad tienen tanto miedo de no ser capaces de educar con firmes convicciones a su prole? Esa pendiente resbaladiza sí que es peligrosa, pues en un país católico podría devenir en prohibir textos que “inciten” al ateísmo o, como ha pasado en la historia, en un estado ateo prohibir textos religiosos. Pondero que el único principio es castigar severamente a quien dañe a terceros. Tal vez lo que nos está faltando es un sistema robusto que efectivamente castigue a quien delinque. A eso debemos aspirar. Lo demás es lo de menos.
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