Relativamente en poco tiempo, México avanzó en la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación del quehacer gubernamental a nivel federal. En abril de 2007, se publicó por primera vez el Programa Anual de Evaluación (PAE) para avanzar en la generación de evidencia de los resultados de los programas públicos federales. Aunque el sistema de evaluación no está consolidado todavía, hoy existen mejores instrumentos para valorar el desempeño de los programas públicos. En este sentido, la labor del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es sobresaliente en la evaluación de los efectos sociales de la acción pública.
Existen otros organismos, menos visibles, pero que también coadyuvan en esta tarea. Tal es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de la evaluación cuantitativa de los recursos federales; la Secretaría de la Función Pública (SFP), que evalúa aspectos cualitativos de la gestión; y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fiscaliza la hacienda pública. En este sentido el incremento de las capacidades institucionales de evaluación del país es relevante en la medida en que los procesos de medición, diagnóstico y valoración sean utilizados en la mejora de la gestión pública.
El Gobierno Federal opera en conjunto 273 programas públicos dirigidos a promover el bienestar económico y los derechos sociales. Según el inventario de programas del Coneval, el mayor número de programas públicos se concentran en el terreno educativo (94 programas), bienestar económico (56 programas) y salud (40 programas). Las acciones del Gobierno Federal en el ámbito de los derechos sociales y el bienestar económico representan un presupuesto de 572 mil millones de pesos (3.7 puntos porcentuales del PIB 2012). No obstante, la evaluación de la política social registra retos apremiantes en materia de desarrollo social. ¿Qué hacer para mejorar?
Las recomendaciones de las evaluaciones están arrojando evidencia notable sobre aspectos susceptibles de mejora del desempeño público para la generación de resultados palpables en la calidad de vida de la población. No obstante, la conexión entre las recomendaciones de la evaluación y su aplicación en la acción pública no es sencilla y enfrenta obstáculos importantes. Diseñar e implementar una estrategia para mejorar la gestión pública supone el uso inteligente de las evaluaciones, creatividad, innovación y compromiso de los funcionarios a cargo de los programas. El riesgo más grande: convertir la evaluación en un proceso burocrático más para cumplir con la norma.
En el marco de la experiencia del Premio 2011 “Programas Federales comprometidos con el proceso de evaluación”; la SFP, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y México Evalúa convocaron a programas públicos a presentar estrategias de mejora a partir del uso de las evaluaciones. Con ello, fue posible identificar 10 casos de éxito y compromiso con la mejora de la gestión. Precisamente, la documentación de dichos casos está plasmada en el libro De las recomendaciones a las acciones editado por Guillermo Cejudo y Claudia Maldonado.
El texto es de gran valía ya que registra las rutas y cambios implementados por los programas para mejorar la gestión a partir de los hallazgos del proceso de evaluación, además de aportar lecciones útiles de estrategias para atender sus recomendaciones. Es fundamental concebir al proceso de evaluación como un instrumento e insumo estratégico para la toma de decisiones. La evaluación es un medio, no un fin en sí mismo y como tal, tiene un alto potencial transformador para orientar la toma de decisiones de política pública.
Eréndira Avendaño
Investigadora de México Evalúa
¿Ya nos sigues en Twitter y Facebook?:
@mexevaluaç
@erendira_ar
Facebook.com/mexicoevalua
