- Falta de presupuesto amenaza objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Eloy Morales Brand
- Propone catedrático destinar como mínimo el cuatro por ciento del presupuesto público al Poder Judicial del Estado
Aguascalientes arrancó el nuevo Sistema de Justicia Penal con un alto nivel de preparación en comparación con otras entidades federativas, pero con marcados rezagos en materia de infraestructura, tecnología y personal, a consecuencia de los pocos recursos destinados a su implementación, consideró José Luis Eloy Morales Brand, especialista en derecho penal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
Para el catedrático, el Congreso del Estado debería promover reformas a la ley para que un porcentaje mínimo del presupuesto de egresos vaya al Poder Judicial, como ya ocurre en varios estados del país que destinan en automático del tres al cinco por ciento de su presupuesto global al mejoramiento de los sistemas de procuración de justicia; de otro modo no se cumplirán los objetivos trazados en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008.
El funcionamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado depende del financiamiento asignado por la Federación y el Estado.
El nuevo Sistema de Justicia Penal arrancó localmente el 27 de mayo con poco personal y sin juzgados orales; si bien se habilitaron tres salas en el Palacio de Justicia Penal, se trata de espacios adaptados con cierta tecnología, pero aún se requiere un edificio que contenga áreas especializadas en gestión judicial, jueces, atención al público y oralidad: “Ha estado descuidada la administración de recursos para lograr una infraestructura adecuada, si estamos hablando de que el 27 de mayo empezamos a trabajar el Nuevo Sistema de Justicia en esa misma fecha debió haber estado lista Ciudad Justicia con sus salas para trabajar, pero está previsto que inicie hasta septiembre”.
Morales Brand estimó que los recursos humanos y materiales con que actualmente se cuenta serán suficientes para los siguientes tres meses o incluso para el resto del año, pero llegará un momento en que se requerirán más espacios y jueces, fiscales, auxiliares de sala y auxiliares de gestión. Actualmente la mayoría de los casos se desahogan mediante salidas alternas como la mediación y la conciliación de modo que han sido pocos los procesos que llegan al Poder Judicial, que ha atendido entre una y dos audiencias semanales; pero llegará un momento en que hasta el 20 por ciento de los casos se judicialice pese al amortiguamiento en fiscalías, causando que el sistema quede rebasado por la carga.
“Hay casos que no se pueden arreglar ante el fiscal, ante el fiscal pueden arreglarse los de querella, petición de partes, los llamados delitos particulares o leves que se pueden arreglar ahí, pero ahí hay asuntos que necesariamente se deben judicializar como la violencia intrafamiliar que no se puede arreglar con un pago de pesos sino que requieren de un programa de reinserción. Delitos de prisión preventiva oficiosa con más de cinco años de cárcel que requieren otro tipo de procesos ya judicializados. Ya hay varias sentencias de procedimiento abreviado que no pueden solucionarse en mediación sino que tienen que llegar ante un juez.”
Asimismo, se debe tomar en cuenta que se vienen la oralidad mercantil, así como civil y familiar con la propuesta de reforma del presidente Enrique Peña Nieto: “Se ha estado trabajando desde todos los sectores: ministerios públicos, defensoría, poder judicial, policías pero falta a mi parecer mucha coordinación en la aplicación de los criterios del Nuevo Sistema”.
El sistema de justicia penal acusatorio arrancó en todo el país ayer -19 de junio- pero de acuerdo con datos del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) sólo cuatro estados cumplieron al cien los requisitos para implementarlo –Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Yucatán– lo que a opinión del legista, se debe a que estos empezaron a trabajar mucho antes de la reforma constitucional de 2008: “Creo que ese fue el problema, eran ocho años para estar listos, no ocho años para que la reforma entrará en vigor y apenas estar listos”.
