La validación de la elección presidencial, ¿valida la distorsión de la democracia?
El pasado jueves 30 de agosto sesionó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para resolver la impugnación que presentó el Movimiento Progresista contra los resultados de la elección presidencial, así como la solicitud para declarar su invalidez; el fallo unánime de todos los magistrados fue afirmar que la elección presidencial fue libre, auténtica y equitativa, por lo que se declara válida. Enrique Peña Nieto tomará posesión del cargo de presidente de la república el próximo 1 de diciembre.
Escuchar la lectura del dictamen y los argumentos presentados por cada uno de los magistrados, me fue muy interesante y valioso para el estudio político. Andando el tiempo de la sesión, particularmente cuando se iniciaron las disertaciones de los magistrados, volvieron a mi mente los tiempos políticos del México de los años de la gran supremacía del PRI; ninguna queja o denuncia presentada por los opositores a esos gobiernos ante las autoridades, mostraba pruebas válidas, claras, contundentes, o suficientes, motivo por el que resolvían infundadas las denuncias e insustanciales las pruebas.
Aquellos gobiernos priistas salían airosos de cualquier denuncia y acusación que alguien quisiera presentar contra ellos; las autoridades que atendían tales hechos, terminaban por reclamar al actor de la denuncia el haberles hecho, casi, perder el tiempo con falsedades e infundios.
De la misma manera, al escuchar los argumentos, prácticamente, de todos los magistrados, pude apreciar -de nuevo- el fenómeno político que fue señalado a muchos medios de comunicación y sus comentaristas (asunto-materia de la impugnación revisada por el mismo Tribunal), respecta a la estratégica y constante defensa que hacían del candidato Peña para librarlo de las denuncias presentadas durante la campaña presidencial por el PAN y el PRD, evitando que sus audiencias perdieran la buena imagen del candidato: una a una, las tantas denuncias y pruebas presentadas por el Movimiento Progresista, fueron siendo o desestimadas, o desechadas, o declaradas infundadas, o no suficientemente probadas, por cada uno de los magistrados.
Fue otra valiosa demostración e interesante ejemplo de cómo fue favorecido Peña, en este caso por el Tribunal Electoral, para posicionarlo ahora como el candidato que ganó limpiamente y que será el próximo presidente de la república; en realidad, lo que hicieron los magistrados fue quitar de encima cualquier duda que pudiera quedarse sobre el candidato y la forma como ganó la elección.
¿Por qué decir, entonces, que la validación de la elección, valida también la distorsión de la democracia? Recordemos, para ello, el caso del velocista olímpico Ben Johnson, en Seúl, Corea, en 1988: los espectadores del Estadio Olímpico vieron, con toda claridad, que Johnson fue el que corrió más rápido y llegó primero a la meta. Nadie cuestionó el hecho en sí, y en la premiación, recibió la medalla de oro; días después, cuando se dieron a conocer los resultados de las pruebas antidoping, comprobaron que había corrido bajo influencia de sustancias prohibidas que le permitieron correr más rápido que todos sus competidores, y llegar primero a la meta. Lo que siguió, fue sancionarlo y retirarle la medalla.
Según los indicios conocidos hasta hoy en la opinión pública, indicios que en la mejor consideración de los magistrados fueron “leves” pero insuficientes, pareciera que Peña ganó la presidencia de la república bajo dopaje –no es necesario repetir lo que ya se conoce-; la validación que hace el Tribunal, tiene como efecto, lamentablemente, el causar la distorsión de la democracia.
A pesar del acuerdo unánime de los magistrados en la resolución final, mostraron sorprendentes contradicciones; por citar algunas: según el Magistrado Flavio Galván, el Tribunal sólo revisó la legalidad del voto, ya que otras cosas no son de su competencia además de que no se demostraron, y serán resueltas por las autoridades respectivas; a su vez, el Magistrado Salvador Nava afirmó que ese Tribunal es constitucional, por lo que puede interpretar la Carta Magna. Es decir, si el Tribunal es constitucional, también debe revisar el espíritu de la aplicación de la norma en cuanto a la equidad de la elección, y no sólo quedarse en el nivel extremista de la rigurosidad legal del sólo conteo de votos, debiendo tomar cuidadosamente los indicios “leves” que son ventanas para ver toda la realidad.
Por otro lado, declararon ya la validez de toda la elección presidencial, a sabiendas de que existen esos indicios “leves” y de que, posteriormente, otra autoridad podrá confirmar las denuncias y las quejas presentadas, considerándolas como las pruebas del “dopaje” electoral –caso en que Peña ya será presidente y, bajo el ejemplo expuesto, ya no le podrán retirar la medalla de oro-.
El asunto ahora, por lo tanto, no es apuntalar al candidato López Obrador, o, todavía menos, a la candidata Vázquez Mota; el asunto ahora es sopesar si la validación de la elección presidencial, bajo la forma como lo hizo Peña y el PRI, significa validar la distorsión de la democracia. Este es, considero, un punto delicado, ya que se convertirá en un referente “legal” para que en las siguientes elecciones, gobernantes o legisladores en funciones que aspiran a otros puestos de gobierno, repitan el mismo camino –de crear imágenes falsas en medios, manejar recursos ilegales de manera paralela y fuera de la auditoría del IFE, contratar empresas con apariencia de lavado de dinero, etc.-, y “ganen” elecciones.
Surgen algunas preguntas: ¿Los jóvenes políticos de hoy se quedarán con la idea de que la democracia supedita a que sólo el aspirante y/o el partido que tengan más dinero de origen dudoso, es el que, con engaños a la sociedad, podrá posicionarse como “el mejor candidato” y, así, ganar elecciones? ¿Veremos ahora, ya sin pudor político, que los gobernantes multiplicarán –de cara a las elecciones del 2013 en Aguascalientes- los actos de regalos a los ciudadanos?
Estamos, consecuentemente, en un momento de reflexión y de nueva conciencia política.
