Criticamos enérgicamente los mensajes de odio y discriminación que el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha emitido durante su campaña electoral en contra de los mexicanos especialmente, y de manera general de los inmigrantes que legal o ilegalmente viven en aquella nación.
Al mismo tiempo, condenamos el trato que los elementos de las corporaciones de seguridad en aquel país les dan a los connacionales que buscan alcanzar el sueño americano y que en su tránsito llegan a perder incluso la vida.
Detengámonos a pensar qué tan distintos somos en México con los migrantes que en su paso por nuestro país sufren las mismas aberraciones; y qué nos hace diferentes al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, al juzgar y condenar a aquellos que tienen preferencias sexuales “distintas” a lo que algunos califican como “normal”.
El pasado fin de semana fuimos testigos de dos marchas en las que unos defendían y otros condenaban el derecho y la libertad de unirse legalmente en matrimonio e integrar una familia.
Hoy quiero referirme precisamente a este movimiento en contra de los matrimonios igualitarios, al rechazo a aquellos que por su preferencia sexual son condenados por asociaciones que dicen buscar “el bien común”.
Todos los mexicanos tenemos el derecho finalmente de mejorar nuestras condiciones de vida, legalizar nuestras uniones, integrar una familia; entonces, por qué quienes tienen otras preferencias no son dignos o aptos para, y también como mexicanos, ejercer esos mismos derechos.
En varios estados de la República, incluido Aguascalientes, asociaciones conservadoras, apegadas a la religión católica, pero a su decir no promovidas por el clero, demandan a las autoridades el respeto a las familias integradas por un hombre y una mujer.
Muchos se adhirieron a la marcha “a favor de la familia” sin saber a ciencia cierta qué era lo que exigían, hubo incluso otros más que atacaron verbalmente al otro contingente que en defensa de sus derechos buscaron dar cuenta a la sociedad del porqué de sus peticiones en su condición de homosexualidad.
Es sin duda notorio cómo ambas partes están polarizando sus demandas sin dejar de lado lo que creo es más importante, el equilibrio en sus demandas. Las posturas se radicalizan conforme avanza la presión social para que se avale una iniciativa que entregó el gobierno federal desde hace ya meses y que no se le ha dado cauce en el legislativo.
A pesar de existir ya jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; una propuesta de modificación a la Constitución y al Código Civil Federal; y un escenario internacional en el que el aval a los matrimonios entre personas del mismo sexo no han causado la pérdida de valores, mucho menos de los familiares, esto no ha podido avanzar en nuestro país.
Retomo lo que recalcaba esta semana un experto que participó en las Segundas Jornadas de Salud Sexual en la UAA, “ los derechos legales de los heterosexuales no han sido ni serán trastocados con las peticiones de quienes tienen otras preferencias”, por qué entonces buscar que éstos no puedan alcanzarlos.
Finalmente, las uniones legales permiten a las parejas tener seguridad, hablando desde lo social, la salud, y hasta lo económico; habrá que preguntarles a aquellas parejas gay que han podido legitimar sus uniones, si además buscarán el matrimonio religioso.
Concluyo con esta reflexión de Nelson Mandela: “Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad”. Hago votos para que podamos como sociedad llegar a los acuerdos recordando que finalmente, todos somos seres humanos.
