- En el ámbito federal vence el plazo de ley para su instalación el próximo 19 de julio
- Se solicitará prórroga, ya que ni siquiera se ha definido cuando sesionará el comité seleccionador
Se pondrá en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción sin que en el ámbito local se haya iniciado con el proceso para la selección de quién dirigirá esta nueva instancia con la que se pretende tener credibilidad y generar confianza en los ciudadanos; arrancará inconcluso ya que el plazo de ley para su entrada en vigor está fijado para el 19 de julio.
El legislador Guillermo Alaniz de León, presidente de la Comisión de Gobernación, apuntó que la designación de quien presidirá el Sistema Estatal Anticorrupción depende totalmente de la comisión organizadora, a la que estarán brindando todo el apoyo, sin interferir en los procesos que conlleva.
“Presidirá uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero primero tendrá que sesionar el comité seleccionador, que es el que emite la convocatoria; y una vez determinados quienes son los cinco integrantes que son los candidatos a ocupar el puesto, se empieza a cumplir los plazos para poder definirlo, pero será necesario pedir una prórroga.”
En lo que respecta a los recursos que serán destinados tanto al Tribunal Electoral, como para la operación del Sistema Estatal Anticorrupción, el diputado local indicó que se está trabajando de la mano con la Comisión de Vigilancia, a fin de que la solicitud de los 30 millones de pesos requeridos sea desahogada.
“Los magistrados nos están solicitando que hagamos una intervención; el compromiso que se hizo por parte de la comisión es que vamos a analizar el presupuesto, que nos hicieron llegar vía correo; se está trabajando de manera conjunta para que nos expliquen cuáles son las partidas, en que se ocuparán”.
Precisó que fungirán además como enlace con el Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo y determinar de dónde se puede echar mano para la disposición del recurso, ya sea desapareciendo algún programa, o haciendo ajustes en nómina, materiales, suministro y servicios.
“Los magistrados ya han tenido varias reuniones con el ejecutivo, con la Secretaría de Finanzas; nos hacen la visita de cortesía, para poner a consideración el presupuesto; si va acorde a las necesidades, puede salir de la parte administrativa del Poder Judicial o de otras partes de donde puedan existir ahorros”, indicó el presidente de la Comisión de Gobernación.
