- Estas actividades han arrojado 477 personas puestas a disposición por posesión y tráfico de estupefacientes
- Hasta el 15 por ciento de los homicidios dolosos son cometidos por el crimen organizado: René Urrutia
De enero a octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha practicado 106 cateos por narcomenudeo, los cuales arrojaron a 477 personas puestas a disposición por posesión y comercialización de estupefacientes, detalló.
Durante su comparecencia ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, en la glosa del Primer Informe de Gobierno, el fiscal detalló que en ese periodo se han asegurado 20 mil dosis de cocaína, 560 mil de cristal y 280 mil mariguana: “Estamos combatiendo con una Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo donde todos y cada uno de los cateos hemos actuado en conjunto con la Policía Estatal”; precisó que el año pasado, sólo se llevaron a cabo 17 allanamientos domiciliarios.
Estimó que entre diez y quince por ciento de los 73 homicidios dolosos contabilizados en el periodo de referencia, tiene que ver con actividades relacionadas con el crimen organizado. No obstante, hasta el momento sólo se han esclarecido 37 de los asesinatos cometidos en el estado.
Además, confirmó que la Fiscalía cuenta con un diagnóstico de los cárteles de droga con actividad en Aguascalientes, sin embargo, se reservó el número, con el argumento de que esa información es competencia del ámbito federal, específicamente de la Procuraduría General de la República.
Durante su presentación ante los diputados locales, el titular de la FGE fue interrogado sobre la aparición de por lo menos nueve narcomantas que este año delataron vínculos con el crimen organizado con elementos de la Fiscalía, el Ministerio Público y las policías estatal y municipal, sin embargo no dio respuesta al cuestionamiento.
Más tarde, apuntó que 169 trabajadores han sido dados de baja de la institución por malas prácticas que no precisó, entre ellos, 63 agentes de investigación criminal.
Ante el Pleno Legislativo, Urrutia de la Vega respondió a algunos de los cuestionamientos formulados por Elsa Amabel Landín Olivares, Mayela Macías Alvarado, Iván Sánchez Nájera, Alejandro Mendoza Villalobos, Karina Ivette Eudave, Sergio Augusto López Ramírez, Sergio Reynoso Talamantes y Francisco Martínez Delgado.
Detalló que de las 31 mil 932 averiguaciones previas sin resolver heredadas por los anteriores fiscales, se ha desahogado el 25 por ciento, con lo que quedan pendientes 23 mil 800.
En el transcurso del año, se han judicializado 977 carpetas de investigación y se ha vinculado a proceso judicial a 753 personas, mientras que en 2016 solamente se judicializaron 210 expedientes y se giraron 327 vinculaciones a proceso.
Este año, se han dictado 27 sentencias condenatorias en juicio oral, lo que representa un 84 por ciento del total, el resto de los casos han derivado en absoluciones.
Añadió que en 2017, 982 controversias han sido resueltas a través de acuerdos reparatorios, mientras que en 2016 solamente 275 encontraron solución a través de este método alternativo.
Urrutia dijo también que 882 trabajadores de la Fiscalía han sido capacitados en trata de personas, derechos humanos, violencia de género, sistema de justicia penal e investigación criminal.
Consideró que Aguascalientes requiere un instituto de profesionalización en materia de procuración de justicia, investigación penal y formación de policías ministeriales, pues actualmente solamente se cuenta con una institución en seguridad pública dirigida a los preventivos.
A decir del fiscal, el incremento en la cifra de denuncias por delitos del fuero común en el transcurso de este año no necesariamente refleja una mayor incidencia delictiva, sino una mayor promoción de la cultura de la denuncia con respecto a 2016.
Sobre cuáles cambios considera para que la FGE sea más efectiva, René Urrutia indicó que serían varios cambios que deben estar basados en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, al tiempo que insistió que la coordinación de los Poderes del Estado, de las autoridades y de la sociedad es fundamental para continuar fortaleciendo la autonomía del Ministerio Público, en aras de propiciar justicia y la seguridad que demandan los ciudadanos.
