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viernes, diciembre 5, 2025

Propone Wilfrido Salazar diagnóstico de violaciones a derechos humanos en Aguascalientes

Hilda Hermosillo
Hilda Hermosillo
Periodista en ciernes. Contestataria y suspicaz por naturaleza, un tanto caprichosa, algo distraída, siempre aprendo de todo, vivo a pleno cada centésima de segundo y no podría vivir sin música. Equidad de género. Medio Ambiente. Derechos humanos. Justicia. Política y elecciones.

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  • El aspirante a ombudsman prioriza la creación del Programa Estatal de Derechos Humanos y que recomendaciones de la Cedha sean vinculatorias
  • Trabajadores de la comisión deben ser seleccionados con base en el mérito de su trabajo, con carácter laico, no ideológico, ni preferencias partidistas

 

La propuesta de Wilfrido Isamí Salazar Rule, quien busca presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes (Cedha) por el periodo 2018-2022, tiene como principal eje lanzar Programa Estatal, que debió concretarse desde 2011.

De este se desprende el levantamiento de un diagnóstico de las principales violaciones a los derechos humanos en la entidad, impulsar un programa integral para la prevención de estas violaciones, aumentar el trabajo interinstitucional, fortalecer las resoluciones de la Cedha e instituir el Servicio Civil de Carrera al interior de la misma.

En entrevista para La Jornada Aguascalientes, el aspirante a ombudsman acusó que Aguascalientes es uno de los tres estados del país que carece del Programa Estatal de Derechos Humanos, cuya elaboración fue mandatada en la reforma constitucional de 2011 y a pesar de que en 2014 el gobierno estatal -entonces encabezado por Carlos Lozano de la Torre- ratificó dicho compromiso. La esencia de este instrumento es que “cada servidora o servidor público de cada dependencia sepa cuál es su obligación de respeto a los derechos, desde el encargado del aseo hasta la dirección, todos deben tener clara su obligación”, ya que el gobernador se compromete, el día en que toma protesta, a respetar y hacer respetar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen.

Consideró necesario elaborar un diagnóstico del estado que guardan la homofobia, transfobia, inequidad de género, discriminación y otras formas de violencia a la integridad humana, con el fin de trazar indicadores claros de las obligaciones de cada funcionario, “no trataremos de transformar la realidad en un sólo año, pero sí acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo”.

A partir de estas metas, deben establecerse mesas interinstitucionales en las que participen dependencias gubernamentales, instituciones educativas, cámaras empresariales y organizaciones civiles, en la discusión de por lo menos cinco temas medulares.

Salazar Rule destacó la necesidad de informar a ciudadanos y servidores públicos los conceptos de Control de Constitucionalidad, Convencionalidad, y Principio Pro Persona que se desprenden del segundo párrafo del Artículo 1 Constitucional. “El Control de Constitucionalidad quiere decir que si hay un derecho humano garantizado en la Constitución, se pueda aplicar; el Control de Convencionalidad es aplicar un derecho humano consagrado en un tratado internacional y el Principio Pro Persona implica que para la protección de los derechos humanos, una persona invoque la ley que más le convenga”.

Denunció que los poderes Ejecutivo y especialmente, el Legislativo, se han mostrado temerosos hacia estas disposiciones. Se conoce como omisión legislativa cuando los diputados no desarrollan las leyes que homologuen el sistema de derechos humanos a las disposiciones plasmadas en la Carta Magna o en los tratados internacionales. Promover en todos los centros de estudio en las carreras relacionadas con el sistema de procuración de justicia o el servicio público -abogados, internacionalistas, sicólogos, trabajadores sociales, etcétera.

Por este motivo, el activista consideró necesario fortalecer las resoluciones de la Cedha para que en el caso del incumplimiento de alguna recomendación, los funcionarios sean llamados a comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, y que los resultados de dicha comparecencia puedan ser vinculantes a acciones legales.

Entre las principales áreas de oportunidad en los gobiernos estatales y municipales, resaltó el ejercicio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que si bien mandata a las dependencias contar con mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual, estos no arrojan los resultados: “Por ejemplo, la directora del Instituto de la Mujer dijo que no había casos de acoso sexual en el municipio y una regidora salió a decir que había cinco entonces estamos viendo cómo el mecanismo posiblemente no está dando resultados (…). Hay derechos garantizados en estas leyes, pero no tenemos un desarrollo normativo para hacerlos efectivos”.

A lo interno de la Cedha, Wilfrido Salazar propone implementar el Servicio Civil de Carrera para que los empleados de dicho órgano autónomo sean seleccionados con base en el mérito de su trabajo, con carácter laico, no ideológico ni con preferencias partidistas.

 

Síntesis curricular

Wilfrido Salazar es diseñador gráfico y licenciado en Derecho por la UNID (Cédula Profesional 10229772).

  • Se inició en el activismo social como socio fundador de la Fundación Aguascalentense de la Lucha contra el Sida en 1992, ese mismo año participó en la fundación de la Asociación Acción para la Democracia y fue uno de los primeros observadores electorales en 1994 junto con la organización Alianza Cívica.
  • Fue integrante del Colectivo Catrina Zapatista que promovió la Ley de Derechos y Cultura indígena en el 2000.
  • Militó en el Partido México Posible encabezado por Patricia Mercado y Sergio Aguayo Trabajó con Libertad de Información México A.C.; fue promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, fue consejero municipal de Transparencia en la administración de Martín Orozco y coordinó el Índice de Transparencia Presupuestal en Aguascalientes.
  • Actualmente trabaja en el Proyecto Transforma dirigido al sector trans a cargo de la Fundación VIHDHA y en la Clínica Jurídica del Observatorio de Violencia Social y de Género, en donde se trabajan temas de feminicidio, desapariciones forzadas y procesos judiciales ejecutados sin perspectiva de género por parte de la autoridad.  

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