- A dos años de que venciera la Ley de Transparencia del Estado no ha sido armonizada con la normativa federal para transparentar la intervención de comunicaciones privadas
- En el país, ninguna de las autoridades facultadas para ejercer vigilancia cumple con sus obligaciones de transparencia
Aguascalientes es uno de los tres estados, junto con Morelos y Nuevo León, que no incluyen en sus leyes la obligación de transparentar la intervención de comunicaciones privadas por parte de la Fiscalía General.
En mayo de 2015 entró en vigor en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual obliga a la Federación y los estados a hacer pública la información relativa a las medidas de vigilancia. El plazo para adecuar las legislaciones estatales venció el 6 de mayo de 2016 y, a dos años, Aguascalientes no se ha puesto al corriente, delata un informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Según el documento Transparencia y Vigilancia en México. Lo que no sabemos sobre lo que el gobierno sabe de nosotros, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios no cuenta explícitamente con la obligación de publicar información respecto a solicitudes para ejercer vigilancia, como lo marca el artículo 70, fracción XLVII, del ordenamiento federal.
Lo anterior se refiere a la publicación del listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas.
Si bien esta ausencia no exime al sujeto obligado de Aguascalientes, en este caso la Fiscalía, de hacer pública la información relativa a la vigilancia, el hecho de no incluir la obligación en la legislación local produce ambigüedades que pueden llegar a afectar el derecho al acceso a la información, advierte el estudio.
En el país, ninguna de las autoridades facultadas para ejercer vigilancia cumple con las obligaciones de transparencia impuestas por la regulación vigente: El Cisen, la Procuraduría General de la República (PGR) y Policía Federal.
R3D es una organización mexicana sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital que utiliza diversas herramientas legales para promover los derechos digitales en México, en particular, la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre.
Esta asociación civil ha documentado la compra de herramientas de espionaje que han sido utilizados en México en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, sin mediar la autorización judicial pertinente y en absoluta violación de los estándares internacionales de proporcionalidad, necesidad y fin legítimo.
Uno de los contrapesos indispensables para que la ciudadanía pueda ejercer un control democrático sobre la vigilancia llevada a cabo por el Estado es la transparencia, “Si bien las medidas de transparencia por sí mismas no inhiben todos los riesgos de abuso, el conocimiento de estadísticas y otras particularidades respecto de cómo es que el Estado hace uso de las medidas de vigilancia, permite a la ciudadanía conocer el volumen y alcance de estas medidas y permite informar la discusión pública sobre la pertinencia y las condiciones que deben establecerse para limitar este tipo de invasiones a la privacidad”.
