¿Hay que repensar el Estado? Ésta es una pregunta que se hacen muchos analistas y ciudadanos interesados en los grandes temas nacionales. Aunque, en realidad, un planteamiento correcto podría ser ¿es sostenible un Estado tal y como se ha desarrollado en las últimas décadas?
La evidencia indica que el Estado requiere una revisión de fondo, en razón de las nuevas realidades que han llevado incluso, que en la actualidad se está realizando un replanteamiento del Concepto Estado-Nación. La reforma del Estado mexicano ha sido un largo y continuo proceso de construcción en el cual aún existen muchas asignaturas pendientes.
La cimentación del Estado en el contexto actual, restringido por el neoliberalismo, que a través de estrategias de ajuste estructural ha limitando, paulatinamente, su naturaleza social, su capacidad administradora de los intereses ciudadanos y su soberanía, convirtiendo a la democracia en un procedimiento formal que no alcanza la garantía del bienestar humano.
Lo anterior y la recomposición de los factores reales de poder, han tenido como resultado su acotamiento, no sólo en la definición de las prioridades de la agenda política nacional, sino en el debilitamiento de su capacidad operativa.
Resulta evidente que el Estado mexicano, en los últimos años, no ha sido capaz de crear condiciones para generar crecimiento económico, empleos suficientes y bien remunerados, acabar con la inseguridad, reducir las enormes desigualdades que existen o para dotar a los mexicanos de las condiciones necesarias para su desarrollo y elevar los índices de bienestar.
Existe una percepción generalizada de que la democracia que vivimos en México no ha permitido resolver, al menos satisfactoriamente, los problemas sociales y económicos de la ciudadanía. Se cuestiona y con razón, la eficacia del Estado.
Es una realidad que, en muchas ocasiones, el gobierno, el aparato político y económico caminan en direcciones distintas a la sociedad. De hecho, nadie puede negar que México sufre desajustes entre su realidad y sus instituciones públicas.
Otro aspecto está relacionado con el replanteamiento del uso del poder. La ciudadanía debe ser garante de que el poder sirve, que hace que las cosas sucedan, que proteja y desarrolle los aspectos fundamentales de una sociedad y que por ello sea respetado.
Un poder útil que hace uso, con la ética de la responsabilidad, de todos los instrumentos del Estado para conseguir los objetivos del país y despliega sus habilidades políticas para cumplir una agenda pública privilegiando los intereses de las mayorías.
Éstos son algunos elementos que refuerzan la percepción de que el Estado requiere cambios profundos para adaptar sus instituciones a esta realidad. Más dispuesto a una distribución plural del poder, a promover modificaciones vitales en el sistema político, para hacerlo más ágil y eficiente, que concentre su atención en las prioridades impostergables de justicia e incorpore la demanda de nuevas relaciones entre sociedad y Estado. En suma una Reforma de gran calado que le otorgue viabilidad a la nación.
Tres dimensiones son indispensables en el proceso Reforma del Estado:
Primera. Gestión Pública. Implica la construcción de instituciones funcionales, eficaces y democráticas que deberán ser los instrumentos principales que garanticen una gestión vigorosa de los asuntos públicos.
La tesis es que operen en torno al ciudadano, con un alto componente público, es decir, incrementando la participación ciudadana en la formación de políticas públicas a fin mejorar la representación y conciliación de intereses. Lo que se traduce en ampliar el margen de gobernabilidad y legitimidad.
Los sistemas de administración pública eficaces, así como un buen gobierno tienen un papel fundamental en la consecución de los objetivos de desarrollo de las naciones. Sin duda, el mejoramiento de los sistemas e instituciones de gobierno son tareas imprescindibles para lograr la cohesión y el desarrollo del sostenible país.
Integrar una agenda nacional, más que por el predominio del gobierno federal, por los asuntos y prioridades de los gobiernos locales.
En general la participación de los espacios locales en los procesos comprendidos bajo la etiqueta de “Reforma del Estado” y en las decisiones trascendentales que afectan al país, han sido poco relevantes.
Un aspecto particularmente importante en este proceso debe consistir en el cambio de perspectiva de una persistente cultura centralista de imponer, desde las esferas del poder, las reformas fundamentales a través del desplazamiento de los escenarios y el redimensionamiento del papel de los actores políticos y sociales de los espacios locales en la discusión de las prioridades de la agenda política nacional para articular los intereses y la perspectiva de los estados y sus problemas sociales.
Ampliar y vigorizar los espacios de participación desde los estados debe ser el punto de partida la reforma del Estado.
Segunda. Reforma Política. Un componente indispensable de la reforma debe ser el acompañamiento de la estructura política. Su finalidad consiste en adecuar las instituciones políticas para que sean capaces de intermediar intereses dentro del Estado y la sociedad civil.
No es viable un Estado que conserva instituciones, en las cuales la ciudadanía no confía, que considera ineficientes y desvinculadas de los problemas sociales.
Lo anterior implica un replanteamiento de la relación política entre sociedad y Estado, en particular la forma como se componen y ejercen los poderes públicos, así como la interrelación entre poderes y niveles de Estado.
Nuestro sistema electoral es un componente fundamental, pero no se debe reducir a las elecciones. Se argumenta que la democracia es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado; implica el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, civil y social.
Con estados débiles y exiguos, sólo puede aspirarse a conservar democracias electorales. Repensar el Estado implica instrumentar mecanismos de responsabilidad y transparencia de políticos y burocracias partidistas ante la sociedad. Contar con partidos políticos que correspondan a orientaciones ideológicas claramente definidas, realizar modificaciones a la ley para que exista la obligatoriedad, no sólo de registrar sus plataformas políticas, sino obligar a que se cumplan, así como desarrollar un sistema electoral que permita la formación de gobiernos que sean ampliamente representativos.
Tercera. Reforma Constitucional. Finalmente, la gran Reforma del Estado se consumaría en las leyes fundamentales del Estado, relativas al ámbito y ejercicio de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, de los poderes regulatorios y de intervención del Estado. La reforma profunda del Estado es la constitucional.
En suma, la recuperación del Estado con la fortaleza y legitimidad política y social necesaria, aparece como una necesidad para impulsar un desarrollo distinto, que sea integral, sustentable e incluyente.
