- Los órganos de control interno, tanto federal como estatales, son los que van a asegurar que los servidores públicos pasen los filtros de legalidad
- Los actos de corrupción tienen como actor a un servidor público, pero también tienen a un particular
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) representa una norma de avanzada al considerar que, al igual que los servidores públicos, los particulares también pueden ser sujetos de sanciones por incurrir en actos de corrupción, sostuvo Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): “Eso es algo muy importante en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por primera vez en México hablamos de responsabilidades administrativas a cargo de particulares, era impensable”.
Al impartir la conferencia magistral Responsabilidades Administrativas, a invitación de la Contraloría General del Estado de Yucatán, Román Vergara señaló que se pueda sancionar, vía una falta grave de un particular, relacionada con una falta grave de un servidor público, a una empresa, persona física o una persona moral: “Esto es muy importante, porque es muy bien sabido por todos, que siempre los servidores públicos son los señalados por un acto de corrupción. Hoy la transparencia va para el servicio público, pero también va para la empresa. Los actos de corrupción tienen como actor a un servidor público, pero también tienen como actor a un particular. Si alguien no recibe y otro no da, no hay actos de corrupción”.
La comisionada del INAI destacó que la LGRA, si bien es muy precisa, debe ser motivo de una buena estrategia para aplicarla, al señalar que los órganos de control interno, tanto federal como estatales, son los que van a asegurar que los servidores públicos pasen los filtros de legalidad: “Y para que eso ocurra bien, la contraloría se va a encargar de poner todos los controles debidos, y todos esos controles son actos de prevención, esa es una buena contraloría. La contraloría es el plus que tiene un Poder Ejecutivo”.
En el evento, estuvieron presentes Lizbeth Beatriz Basto Avilés, secretaría de la Contraloría General de la entidad; el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán), y los comisionados María Eugenia Sansores Ruz y Carlos Fernando Pavón Durán, así como representantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y titulares de las unidades de transparencia de diversos sujetos obligados locales.
Con información del INAI
