Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord;
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword;
His truth is marching on.
The Battle Hymn of the Republic. Julia Ward Howe
La república democrática, con arreglo civil, laica, federal, y -sobre todo- con división de poderes, puede ser amenazada de una nueva forma, en estos tiempos de la tetramorfosis. Y es que el titular del Poder Ejecutivo ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que se busque el recoveco legal mediante el cual la presidencia de la República pueda indultar discrecionalmente a personas que estén en proceso judicial, o que hayan sido condenados por decisión de la magistratura.
Ya antes, la República ha sido amenazada en los mecanismos democráticos, al pretender hacer pasar por voluntad popular la toma de decisiones en asambleas a mano alzada; o al golpetear mediáticamente a la prensa crítica; o al empadronar catálogos de beneficiarios sociales mediante “servidores de la nación” que han operado fuera de la ley, con lo que puede fomentarse la creación de clientelas electorales.
También se ha intentado socavar a la República en su arreglo civil al maquinar la erección de una Guardia Nacional -de facto- militarizada, con irregularidades en su convocatoria, sin reglamento interno vigente, y con afectaciones laborales a los distintos cuerpos policiacos existentes.
En lo referente al laicismo del estado, nuestra República ha recibido los embates de un ejecutivo empecinado en hacer público su culto privado, en dar homilías con citas de algún libro sagrado, en impulsar la presentación de un líder religioso (ahora preso por pederastia y abuso sexual) dentro del máximo recinto cultural del país, y cabildeando para que las iglesias tengan participación activa en las telecomunicaciones del estado, y en utilizar a estas iglesias como distribuidoras del ideario moralizante desde el poder.
También, el federalismo republicano se ha minado, al propagar -desde el poder- una visión autoritativa de la función pública en la que presupuestalmente se vulnera a las entidades y se aumenta el control administrativo centralista, en detrimento de la relación entre los estados y la presidencia, y del mismo pacto federal.
Ahora, en el ámbito de la división de poderes propia de la República, con este súper poder de indulto, el ejecutivo entra de lleno en una de las competencias vertebrales del poder judicial. A este poder, mediante el golpeteo mediático contra sus ministros, se le ha querido invadir desde inicios del sexenio, con la finalidad de deslegitimarlo y presentarlo ante la opinión pública como una casta privilegiada.
Del Poder Legislativo, no hay mucho que decir. El peso del partido del presidente en las cámaras de diputados y senadores hace que también -en la praxis- el ejecutivo tenga alcances de poder que exceden la naturaleza de su encargo, con lo que se desbalancea peligrosamente.
Los maromeros y feligreses del Ejecutivo podrán esgrimir que la realidad es distinta, porque la posverdad les permite contradecir a los hechos sin asomo de pudor; en defensa del caudillo podrán argumentar que los presidentes anteriores hicieron cosas peores; o harán el malabar de que todo obedece a un plan maestro, destinado a la prosperidad y la honradez, que el común de las personas somos incapaces de intuir; o que -simplemente- quienes se atreven a criticar al Gran Hermano son un hato de resentidos y enemigos de México. Nada nuevo.
Lo verdaderamente nuevo es que, en la suma, el cúmulo de circunstancias, a priori inocentes, permiten construir un escenario para nada halagüeño hacia la salud de la República, y es un tema que los ciudadanos (en nuestra calidad crítica, informada y participativa) deberíamos estar discutiendo sin cortapisas ni fanatismos.
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