La salida del ministro Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte advierte varias cosas que no deben tomarse a la ligera. La más grave, sin duda alguna, que el presidente de la República busca volver al “poder de poderes”.
Para nadie es sorpresa la constante presión del titular del Ejecutivo sobre el máximo órgano de justicia del país y sus integrantes.
Desde su campaña, López Obrador sembró en la opinión pública la necesidad de hacer ajustes drásticos a la procuración de justicia y al aparato administrativo judicial que, de acuerdo con él, representa un gasto oneroso para la Nación.
Ya en el gobierno, envió al Congreso la iniciativa de Ley de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República de acuerdo a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tras la aprobación de ésta en el Senado de la República, en marzo pasado, la Corte dio entrada a una acción de inconstitucionalidad presentada por las principales fuerzas partidistas, entre ellas el PAN, y con el voto a favor de siete de los diez ministros declaró la invalidez de dicho marco legal.
Ante el derecho y la facultad constitucional que tienen los ministros para lo propio, el presidente López Obrador ha arremetido señalando que “los ministros no están entendiendo la nueva realidad”.
Por si fuera poco, les ha sugerido incluso quitar el retrato de Juárez de la sala del Pleno, donde actualmente se encuentra, como si sus integrantes fueran indignos del principio de la “medianía” que pregonaba el restaurador de la República.
Lo cierto es que, más allá de la “austeridad” que busca imponer López Obrador, el titular del Ejecutivo no tolera ni de chiste que alguien contradiga sus decisiones. Él quiere encabezar el poder de poderes. En su mente no existe espacio para que otro poder participe en la toma de decisiones.
Vale la pena recordar aquella declaración que hiciera en sus redes sociales luego de que la SCJN eximiera de la Ley de Austeridad a los órganos autónomos como el Banxico, tras lo cual reaccionó con una rabieta señalando que el Poder Judicial pretendía “corregirle la plana” sin ser tema de su competencia.
Allí están también los señalamientos contra el exministro José Ramón Cosío, a quien públicamente señaló, a modo de estigma, de ser el asesor de los amparos que han interpuesto ciudadanos para frenar la construcción de la Base Aérea en Santa Lucía. Luego, claro está, corrigió sin mayor preocupación.
Hoy, la renuncia del ministro Medina Mora abre un frente de dudas, especulaciones y amenazas.
Por un lado, el artículo 98 constitucional establece que “las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves” y serán sometidas a consideración del Ejecutivo.
Sin embargo, la carta enviada por Medina Mora no detalla esas “causas graves” y el vacío de información comienza a ser usado por el presidente López Obrador, para empujar un escarnio público que envíe un mensaje claro al resto de los integrantes del Poder Judicial.
Al intentar instaurar nuevamente el “poder de poderes”, el titular del Ejecutivo atenta contra la democracia, contra las instituciones y contra la posibilidad de vivir en un Estado de derecho, en el que las leyes y la Carta Magna se encuentren por encima de todo y de todos.
Al intentar instaurar nuevamente el “poder de poderes”, se avizoran tiempos de autoritarismo, de imposiciones y de pérdida de libertades. Tiempos de cerrar filas contra la intimidación.
