- Desde el PRI se opina que la vinculación a proceso de Hazel Montejano es un golpeteo político, sin embargo, los jueces no darán resolución bajo consigna política
- Una vez judicializado un proceso de vinculación, el Poder Judicial tiene tiempo límite para emitir una resolución
El 15 de enero la exregidora Hazel Montejano fue vinculada a proceso con prisión preventiva por acusaciones de fraude, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público que ascendían a afectaciones patrimoniales de más de tres millones de pesos. Lo anterior por denuncias de extrabajadores que laboraron para ella cuando fungía como regidora; no les daba sus tarjetas de nómina y les pagaba en efectivo. En entrevista antes de su comparecencia y detención, la priista aseguró que todo se trataba de una “persecución política”.
Gabriela Espinosa Castorena, magistrada presidente del Poder Judicial de Aguascalientes, afirmó que los jueces no actuarán bajo ninguna consigna política y sólo operarán a través de lo que tienen en sus carpetas: “Eso téngalo por seguro ¿sí? Los jueces actúan conforme a lo que tienen en sus carpetas y, digo, muestra de ello es que ustedes ven que se resuelve de diferente manera en diferentes asuntos. Esa es una muestra de ello”.
La magistrada reservó sus comentarios al respecto de si su vinculación se trató de un golpeteo político, dado que eso no le compete desde el Poder Judicial. “Yo no puedo emitir ninguna opinión porque, como ustedes saben, son juicios que están en trámite. Esto lo resuelve el juez; hay una libertad en los juzgadores para resolver conforme a lo que tienen en cada una de las carpetas o de los expedientes. Entonces, en ese sentido, sí yo no quisiera hacer ningún comentario porque no es la función del Poder Judicial hablar de juicios que están vigentes”.
Cuando una carpeta de investigación ya tiene los elementos necesarios para completar una resolución es entonces que el caso se judicializa y pasa a manos del Poder Judicial para poder plantear una opinión pública, respetando los derechos de privacidad. Una vez que un caso es judicializado se tienen 72 horas para que éste sea resuelto, sin embargo, ese tiempo puede ser ampliado a petición del o la imputada. A diferencia de las investigaciones de las fiscalías, los casos judicializados sí tienen límite de tiempo para tener una respuesta.
Ayer 16 de enero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó un comunicado defendiendo a la exregidora, al argumentar que su vinculación a proceso con prisión preventiva era un acto de excesiva autoridad: “Exigimos se descarte cualquier tipo de golpeteo político ajeno a la naturaleza del caso en el que se investiga a la exregidora Hazel Montejano”, se leyó en el texto dado a conocer. En el boletín se hizo una comparación con el caso de la exregidora, supuestamente independiente, Karla Cassio, a quien se le acusó de presuntos delitos similares. Ante esta situación abogaron lo siguiente: “La prisión preventiva que se le dictó la noche de ayer miércoles al momento de que ella se presentó por propio pie a dar la cara para comparecer por los presuntos delitos que hoy se les acusan, sientan un precedente negativo para la presunción de inocencia de los ciudadanos del estado de Aguascalientes”.
Más allá de si se trata de un golpeteo político o no, se debe de tomar en cuenta las afectaciones calculadas, las familias, todo lo que pudo derivar de los fraudes a los que se acusan. Si bien lamentablemente a Karla Cassio se le dio la opción de garantía para poder enfrentar su proceso en libertad, la verdadera cuestión es por qué se están dando estos presuntos actos de corrupción que afectan a la ciudadanía desde el organismo que la ciudadanía ayuda a mantener. Aunque, desde la perspectiva inaceptable de Hazel Montejano y del partido al que pertenece, todo se deriva de una persecución política, a final de cuentas se espera que con las investigaciones sea la justicia la que dicte una verdadera resolución.
