- Desde la perspectiva del fiscal del estado, el tiempo que se ha ejercido con el Sistema Penal Acusatorio aún no es suficiente para definir si ya se necesita una nueva reforma
- Sólo han pasado tres años y medio desde que se implementó concretamente el esquema penal acusatorio, hace falta evaluarse y seguir viendo cómo se va desarrollando
Jesús Figueroa Ortega, titular de la Fiscalía General del Estado, participó en la mesa de análisis llevada a cabo el 29 de enero y organizada por el Consejo de Abogados de Aguascalientes titulada “Un Sistema Penal Garantista en una sociedad de alto grado de criminalidad”, donde se discutió sobre la sensatez de un cambio en la justicia penal, a raíz de los documentos filtrados que se interpretaron como los últimos borradores de una nueva reforma penal, mismos que aún no son oficiales. El fiscal explicó que, a bien de que se confirme si los documentos filtrados se propondrán como iniciativa, es pertinente echar un vistazo al sistema actual, acusatorio, y también averiguar si un cambio sería adecuado, lo cual consideró que no.
El funcionario estatal subrayó que, en caso de que se diera la denominada contrarreforma penal de la 4T, ésta no sería factible, no sólo por las puntualizaciones observadas que proponían regresar la figura del arraigo o la prisión preventiva para más delitos, sino también porque, desde su perspectiva, no ha pasado tiempo suficiente como para poder ver el progreso del sistema penal acusatorio: “La perspectiva que yo tengo en relación a esto es que es una reforma inadecuada, o que es una pretensión inadecuada, por las siguientes razones: primero, creo que no ha pasado el tiempo suficiente para saber si el sistema que estamos adoptando y que es el que se encuentra en vigor actualmente en México, es eficaz para los fines del estado”.
En el 2008 se hizo una reforma constitucional en materia penal que como consecuencia dio partida para la creación de la Ley Nacional de Ejecución, así como del Código Nacional de Procedimientos, además de otras reglamentaciones que buscaban complementar el sistema de justicia penal. A pesar de las críticas surgidas por la falta de preparación, ese cambio se consideró como un avance en materia de derecho humanos, puesto que se dejaba atrás un esquema tradicional de corte inquisitivo, para entrar en uno acusatorio.
Jesús Figueroa Ortega señaló que después de esa reforma, todos los estados tenían hasta junio del 2016 para implementar este nuevo sistema: “si tomamos en consideración esa fecha, es decir, junio del 2016, estamos apenas pasando los tres años, tres años y medio, que se empezó la instalación o la implementación del sistema de justicia de corte acusatorio y oral en el país”. Destacó que no todas las entidades tienen el mismo tiempo de haber empezado, estados como Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca tienen ya más de los tres años y medio operando bajo este esquema.
El fiscal opinó que esos tres años y medio no son suficientes ni siquiera para poder valorar si es necesario una nueva reforma. Dejando de lado los retrocesos que otros analíticos han enfatizado dentro de la supuesta contrarreforma penal, resulta pertinente primero medir cómo es que ha funcionado el Sistema Penal Acusatorio, si bien no en ámbito nacional, al menos para Aguascalientes.
El exombudsman Martín Jáuregui y el abogado penalista Sergio Rodríguez Prieto plantearon en la primera mesa de análisis del Consejo de Abogados que era necesario construir un organismo evaluador de la eficacia de la leyes y de los órganos operadores de justicia para saber cómo está avanzando verdaderamente el sistema penal.
“La perspectiva que yo creo es que, entonces, debemos dejar que el sistema acusatorio continúe en los términos que se ha venido tratando de aplicar (…) creo que estos tres años y medio, tomando en consideración el caso de la ciudad de Aguascalientes, es poco tiempo para poder considerar que se tiene que hacer una reforma de esta magnitud”, expresó el funcionario estatal.
