Una constante en todos los estados, ya sean democráticos o no en su forma de gobierno, es el de un documento que necesariamente tienen que expedir, que avale a los habitantes del país como nacionales. Por un lado, existe el pasaporte, cuyo fin primordial es el de permitir ostentar la nacionalidad frente a las autoridades de otros países; no obstante, me refiero a un documento que haga lo propio para las autoridades internas del país.
En el mundo, es diversa la denominación de ese instrumento, así como las posibilidades legales de su uso: por ejemplo, en algunos países, la cédula de identidad permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto. Justo a la manera inversa de México, donde la credencial diseñada específicamente para votar, permite a su titular identificarse fehacientemente como ciudadano. Pero a eso iremos más adelante. En todos los países, los datos que contiene esta identificación nacional son básicamente los mismos: nombre, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, edad, género, fotografía del titular, huellas dactilares, firma y un número o clave que la hace única.
Colombia y Costa Rica, por poner un par de casos, prevén identificaciones para ciudadanos, y también para aquellos que aún no lo son. En Colombia, por ejemplo, el documento se denomina “tarjeta de identidad” para los menores de edad, y “cédula de ciudadanía” para quienes ya gozan de esa característica jurídica. Por obvias razones, la tarjeta de identidad solo es usada con fines de identificación, y se canjea al adquirir la cédula. Costa Rica de igual manera prevé una identificación para menores.
En algunos casos, las identificaciones tienen un cierto periodo de validez, que permiten que la oficina encargada de expedirlas, esté realizando constantemente una actualización de los datos de quienes son los titulares de las mismas, y así estar en absoluto control de la información. Sobre quien las expide tampoco existe un consenso, puesto que en algunos casos es el ministerio del interior, o alguna oficina afín, aunque en España, por ejemplo, el DNI se tramita ante la Policía Nacional.
Considerando estos apuntes, sigue válida la premisa muchas veces escuchada de “quien tiene la información, tiene el poder”. Es un reto para todas las autoridades involucradas de cualquier estado, incluyendo por supuesto al estado mexicano, el manejo de la información personal de cada una de las personas que habitan en su demarcación.
Hace unos días, trascendió la noticia a nivel nacional, de la solicitud de la información contenida en el Registro Federal de Electores por parte de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de continuar con los trabajos comenzados desde hace varios sexenios, en el sentido de dotar a cada mexicano de una cédula de identidad, distinta a la Credencial para Votar, documento que por lo pronto se sigue utilizando como la identificación por antonomasia.
De esta manera, la Subsecretaría de Población, dependiente de la Segob estaría en posibilidades de hacerse de una de las bases de datos más grandes del mundo, que, más allá de la cantidad de nombres, tiene como principal característica su confiabilidad gracias al trabajo de actualización constante que se realiza para su depuración. Tendría una buena parte de los datos de los ciudadanos, mismos que pueden ser asociados a otros datos que ya posee, como los relativos a los hacendarios (RFC, ocupación, ingresos), los del nacimiento (CURP) y los educativos, y con ello, un control sobre la población, lo cual en sí mismo no es necesariamente algo malo, sino parte de las funciones del propio estado.
Lo que, en su momento, y desde mi perspectiva, no estuvo cuidadosamente planeado, fue el punto de partida para las negociaciones que implicaron la obtención de esos datos.
Para nadie es un secreto que la administración centralizada federal, ve en el Instituto Nacional Electoral un potencial enemigo, no de ahora, sino desde las elecciones de 2006, cuyos resultados aún calan en el ánimo del Presidente de la República, controversia que se agudizó con el tema de los sueldos de los integrantes del Consejo General del INE, en aparente contraposición a la óptica de austeridad pregonada por el primer mandatario.
Olvidaron un pequeño detalle, de esos en donde dicen radica el mismísimo diablo: si bien los datos están en posesión del INE, los datos son propiedad de cada uno de los mexicanos inscritos en el Registro Federal de Electores, y en todo caso, ellos, nosotros pues, somos los únicos que podemos determinar a quién se los proporcionamos y para qué fines.
Según las últimas informaciones, Segob declinó la petición luego de que esta había sido, justamente creo yo, negada por el máximo órgano decisor del INE. Sin embargo, el tema sigue dando para más, porque ante cada trámite gubernamental, obligadamente estamos proporcionando muchos de nuestros datos sensibles; aquí la cuestión es siempre verificar el destino de dicha información, y no que toda se ampare bajo la identidad nacional, sin tener absoluta certeza de ello.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
