Sabemos, lugar común, que en las formas México es un país donde imperan las normas, formalmente un “Estado de derecho”, aunque terca como es la realidad, nos enseñe unos niveles bestiales de impunidad e ineficacia gubernamental cotidianas, lo que configura un “Estado de anarquía” o “no derecho”, como algunos autores caracterizan este tipo de fenómenos sociales, mismos que desde luego no son privativos de este país, pero que no por ello dejan de ser graves.
Así, el cumplimiento del orden jurídico es en general precario y depende del grado o nivel de conveniencia de la sociedad, donde la existencia de miles de normas, leyes, reglamentos y bandos, ni estimula ni obliga a los ciudadanos a cumplirlas per se. Se ha dicho con insistencia que al igual que la política, la legalidad es un tema exclusivo de académicos, de expertos o de leguleyos, cuando en realidad la falta de voluntad de la población para respetar las normas legales constituye una “cultura” de la ilegalidad bastante extendida en todos los órdenes sociales, y podríamos decir que transversal a todas las clases y estamentos socio-económicos que constituyen a la heterogénea sociedad mexicana. La historia da sobrada cuenta, desde aquel célebre “obdézcase pero no se cumpla” de los tiempos coloniales de Nueva España, hasta algunos ejemplos de la reciente cuatro te.
Ilustramos lo dicho con algunos ejemplos tomados de trabajos y encuestas de la CNDH y la Secretaría de Gobernación: ante la pregunta: ¿por qué respeta y obedece las leyes? Sólo un 38% de la población piensa que las respeta porque hay un beneficio general en hacerlo, mientras que un estimado de 37% contesta que cumple para no ser criticado por los demás, para evitar daños a su familia y amistades o, para evitar castigos. Solo un 22.9% dijo que cumplía las leyes porque es un deber moral; un componente subjetivo que tal vez indica que es probable que muchas y muchos sólo cumplen las reglas si lo consideran bueno y que en caso contrario, se justificaría su incumplimiento. A nivel internacional la cosa no pinta mejor, porque como se explicaba en otra anterior entrega de Yerbamala, México está en el lugar 115 de 126 países del Índice de Estado de Derecho (World justice Project).
¿Qué hacer ante este enorme reto social? Educación, sin duda, divulgación y sensibilización desde el ámbito escolar. Acá sostenemos que debe introducirse en la currícula escolar nacional una asignatura que verse sobre la cultura de la legalidad, con un enfoque eminentemente preventivo. Hay muchos ejemplos de países en los que el respeto de las leyes por los diversos actores sociales acota el abuso de poder, preserva derechos, da confianza a los actores económicos, legitima a las autoridades y jueces y conserva el medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. Durante años se dijo que la mera democracia electoral con su sistema de partidos y alternancia en el poder político, traería soluciones de fondo a México, pero esto no sucedió hasta ahora. Esto nos indica que el problema principal no está en el orden jurídico, sino en la voluntad colectiva. La supremacía de la ley pareciera un tema aun poco o nada relevante, ausente tanto de las discusiones públicas más importantes como de los ámbitos más domésticos y familiares; pero está claro que sin el desarrollo de un amplio esfuerzo colectivo y sostenido por una cultura de la legalidad, problemas como el de la grave inseguridad pública y las violaciones masivas de derechos humanos, por hablar de las manifestaciones más graves de este problema, no van a desaparecer en el corto ni en el mediano plazo. Apostar por el desarrollo de esta cultura de las normas y su cumplimiento desde los poderes públicos sí que podría ser una transformación de gran calado en la vida nacional.
