Sentado en lo que parece ser la parte trasera de una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Erick Francisco “N” confiesa con frialdad el asesinato de su esposa Ingrid Escamilla, de 25 años.
El video que circuló en redes sociales y que algunos medios de comunicación retomaron rápidamente para convertirlo en una de sus notas estelares, provoca, en el menor de los casos, repulsión, ira, indignación. No es para menos.
Sin embargo y hay que decirlo también: esa es precisamente la violencia machista y homicida que hoy enfrentan nuestras mujeres.
Ingrid era originaria del municipio de Juan Galindo en Puebla. Estudió Administración de Empresas Turísticas y una Maestría en Administración en la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), antes de mudarse a la Colonia Vallejo en la Ciudad de México.
Era, dicen sus amistades, un mujer solidaria, dedicada y sensible. Así lo confirma su voluntariado durante la reconstrucción de viviendas en Jojutla de Juárez, Morelos, tras el sismo del 19 de septiembre 2017 y su profundo amor por los animales.
Pero esa historia pocos la cuentan, porque la que vende es la del asesinato, la de la brutal confesión, la de las imágenes filtradas que se regaron como pólvora en las redes sociales y por las que, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, existe ya una investigación para dar con los responsables.
Lo cierto es que, además de la revictimización mediática y social de la cual ha sido objeto, no sólo Ingrid sino toda su familia; la violencia de género en contra de las mujeres es un problema real que necesita ser visto desde todos los ángulos posibles para trabajar en las soluciones necesarias.
Pero el primer paso, como ocurre con un enfermo de alcoholismo, es reconocer que existe un problema.
Porque lejos de la incomodidad a la que se refiere el Presidente López Obrador, quien afirma de manera deleznable que “los feminicidios opacan la rifa del avión presidencial”, la violencia en contra de las mujeres es un tema que debe estar, sí o sí, en la agenda del Estado y de las autoridades de todos los órdenes.
Aguascalientes, hay que decirlo, no es ajeno a la problemática. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), somos el tercera entidad con mayor índice de violencia contra las mujeres.
Esta medición del Inegi reveló al mismo tiempo que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años en Aguascalientes ha sufrido algún episodio de violencia (física, sexual, económica, psicológica, etcétera) y aunque afortunadamente no hemos entrado a un escenario grave de feminicidios, nuestras mujeres sí viven en un ambiente de miedo y zozobra.
Vale la pena recordar que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al cierre de 2019, señalan que Aguascalientes es una de las entidades donde más llamadas de auxilio se realizan, por casos de violencia doméstica, pero donde menos denuncias se presentan ante las autoridades correspondientes.
Esta violencia machista, que ha costado numerosas vidas como la de Ingrid, se ha esparcido como un virus entre nuestra sociedad y está presente en menor o mayor grado en todas las entidades de la República.
Lo más grave es que, además del chip con están creciendo las nuevas generaciones, acostumbradas a la violencia, al abuso, a la ausencia de civilidad; tenemos autoridades que se resistan a reconocer la magnitud del problema y actuar en consecuencia.
Ahí está el ejemplo: un jefe de Estado al que le incomoda el asesinato de una joven con un futuro prometedor, porque según él, “opaca” y “distrae” la atención de los temas “verdaderamente” importantes. A ese grado hemos llegado. La violencia machista se profiere hoy desde la Presidencia.
