- El gabinete del Gobierno del Estado está integrado por 34 hombres y sólo 7 mujeres.
- La paridad de género no sólo debe de verse reflejada en número, sino también en acciones que permitan poner en la agenda la protección de la mujer, la no discriminación y la real equidad de género.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, instituciones privadas, autónomas y gubernamentales, así como actores políticos y del empresariado, alzaron la voz a través de comunicados en “apoyo” a la mujer y “reivindicaron” su compromiso con la paridad de género. El mismo Congreso del Estado se ha jactado de la paridad de género que tiene debido las 14 mujeres y a los 13 hombres que integran sus curules, sin embargo, el concepto de la paridad de género va más allá de cumplir una cuota cuantitativa, sino que debe abogar por hechos cualitativos que defiendan el sector de la población que está siendo discriminado, en este caso, el de la mujer.
Si bien algunas esferas políticas o empresariales se han abierto más respecto a este tópico, la realidad es que siguen habiendo círculos importantes en donde predomina la figura del hombre, dicho sea el caso el gabinete del gobernador Martín Orozco Sandoval, que se integra por 7 mujeres y 34 hombres; es decir, ni siquiera la cuarta parte del equipo de funcionarios que presiden las dependencias de Gobierno del Estado, está conformada por mujeres. La semana pasada se firmó en el gobierno estatal un protocolo de protección a la mujer en la administración pública, el cual deberá de ser parteaguas para impulsar las políticas públicas necesarias en pro de la defensa de las mujeres.
Como se menciona en la investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizada por Georgina Cárdenas Acosta y titulada El principio de paridad de género y el incremento de las presidentas municipales en México: análisis comparativo del periodo 2005-2017, la paridad de género se da “Ante la escasa presencia femenina en los espacios de toma de decisiones, se estableció una serie de estrategias, conocidas como acciones afirmativas, que buscaron abordar la condición de género para garantizar una verdadera inclusión democrática”.
En el 2014 el artículo 41 de la Constitución mexicana, así como algunos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tuvieron una reforma en la que se predispuso la participación equitativa de las mujeres en el Poder Legislativo, lo cual representó un avance normativo que avalaba la inclusión de la mujer.
La realidad es que si bien algunos congresos locales y hasta el federal ya están apostando por esa supuesta paridad de género, lo que se necesita trabajar es el cambio de ideología masculina por uno que promueva la equidad de género y que visibilice la problemática de violencia que sufren las mujeres.
El Congreso del Estado de Aguascalientes es un claro ejemplo de que la paridad de género, desde su génesis normativo y legislativo, es un fracaso en cuanto a resultados que protejan a la mujer. De acuerdo a las consideraciones finales del estudio citado, se concluye con lo siguiente: “El principio de paridad de género consagrado en las leyes ha posibilitado un incremento en la cantidad de mujeres que gobiernan municipios en México; sería deseable que, seguido de este aumento formal, se genere un cambio cualitativo y se revierta la cultura dominante, en la que impera una visión masculina”.
Las autoridades no sólo deben de dar un espacio a la mujer en las esferas sociales, sino que deben de apostar por el cambio sustancial que tenga beneficios directos en la protección de la mujer, en la erradicación de la discriminación y en la promulgación efectiva de la equidad de género.
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