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Militarización/ Memoria de espejos rotos 

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El gobierno militarizado suele ponerse en la antípoda de la democracia civil. La razón es de carácter fundacional en cada régimen; es decir, depende del órgano o de la institución en la que efectivamente reside el poder.

Así, en la democracia representativa y de carácter civil, el poder del estado se materializa en instituciones sujetas a la ciudadanía por la vía electoral; por los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas, y transparencia públicas; por el plebiscito o el referéndum; por la alternancia o la pluralidad partidista; y –sobre todo- por el peso político de las organizaciones civiles.

Por otro lado, en el gobierno militarizado, el poder está sujeto únicamente al órgano que represente operativamente al estado. En el caso de los sistemas presidenciales, este recae primordialmente en la figura unipersonal del ejecutivo, quien es –a la vez- jefe de estado, jefe de gobierno, y comandante supremo de las fuerzas armadas.

La transición de un régimen a otro puede ser súbita o gradual. Cuando se da de los gobiernos militares a las democracias, suele haber graves tensiones sociales que derivan en un aumento de la representación ciudadana en el poder. Pero cuando se da de las democracias a los gobierno militares, puede ser o por golpe de estado o por descomposición de las instituciones y el impulso de la casta castrense para hacerse del poder político.

En el caso mexicano, el poder del ejecutivo ha aumentado en menos de dos años el ámbito de acción de los militares, en detrimento de las esferas civiles en la operación del gobierno. El argumento es simple: el sistema se ha corrompido, los militares obedecen al pueblo, el pueblo es bueno, para acabar con la corrupción y el crimen hay que militarizar.

De este modo, las fuerzas armadas han ocupado encargos como la administración de puertos y aduanas; los ambiciosos proyectos de construcción de obra que impulsa el presidente; la seguridad pública y la prevención del delito; la contención migratoria; y han aumentado su presencia en la atención de la contingencia sanitaria.

El tema de la ocupación militar en puertos y aduanas costó la renuncia de Jiménez Espriú, titular de Comunicaciones y Transportes, bajo el argumento de que el narco había trasminado su corrupción en la actividad portuaria, con Colima como ejemplo de la descomposición.

Los proyectos de construcción de obra que ahora tiene el ejército abarcan desde el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, refinerías, bancos, y hospitales. Las obras insignia del ejecutivo. El argumento, otra vez, la corrupción entre los consorcios constructores privados y la burocracia de los gobiernos anteriores.

La Guardia Nacional, esa milicia mexicana que no es milicia pero que está operada y dirigida por militares, ha absorbido funciones de seguridad pública y prevención del delito propias de entidades y ayuntamientos. El argumento es la corrupción de los cuerpos policiacos y el escandaloso robo de combustibles.

Igualmente, esta Guardia Nacional ha fungido como el Muro de Trump en el sur del país, conteniendo el éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica que, ante la pobreza y la violencia, tienen que desplazarse de manera forzosa buscar una vida digna.

También, dadas las condiciones de la contingencia sanitaria, y demás actividades propias del Plan de Defensa Nacional III (DNIII), las fuerzas armadas continúan con sus labores por el país, desplegando cuerpos militares para la atención de diversos temas propios de su encargo constitucional.

Aquí lo importante es que, cuando las fuerzas armadas comienzan a ser un tema de política doméstica, las repúblicas civiles y democráticas peligran. Esto no es una opinión, sino un hecho cotejable en la historia de cualquier país que haya pasado de la democracia a la autocracia, y de ahí al totalitarismo. Estamos a tiempo de preverlo.

 

alan.santacruz@gmail.com

@_alan_santacruz

/alan.santacruz.9

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