Para cumplir con los ambiciosos objetivos del Acuerdo de París (mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C), se considera crucial “robustecer las capacidades de acción de autoridades nacionales y subnacionales, de la sociedad civil, del sector privado, de pueblos autóctonos y de comunidades locales” (Reporte especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático). Sin embargo, las políticas convencionales restringen severamente la posibilidad de que los ciudadanos cambien regulaciones e influyan sobre el comportamiento ciudadano.
Habitualmente, los gobiernos toman decisiones reglamentarias “desde arriba” (top-down), sin considerar la contribución de los ciudadanos comunes. Además, en las estructuras institucionales existentes se distingue a los ciudadanos de los expertos científicos y de los gobernantes/legisladores. Este procedimiento y tales estructuras son un obstáculo para promover un incremento en el compromiso ciudadano democráticamente legítimo. En consecuencia, el compromiso ciudadano se ve restringido de maneras que afectan crucialmente la efectividad de las regulaciones climáticas.
(a) El modelo deficitario en la comunicación sobre ciencia/políticas climáticas y la participación. Las prácticas de comunicación entre ciudadanos, expertos científicos y gobierno restringen el incremento al compromiso ciudadano en la formulación e implementación de regulaciones climáticas. No considerar las preocupaciones ciudadanas resta legitimidad a las decisiones sobre regulaciones climáticas formales, lo cual limita la habilidad de los ciudadanos para influir más en la promoción de cambios en las regulaciones. Los objetivos del Acuerdo de París se centran en el lenguaje técnico-gerencial y en regulaciones sobre la producción de energía a partir de combustibles fósiles sin identificar las preocupaciones, valores y objetivos de los ciudadanos legos para sus comunidades. La mera información física no brinda comprensión de los efectos sobre sus vidas; presentar el problema del cambio climático de manera más personal puede promover un compromiso más transformador y apropiación de las decisiones climáticas. Además, no basta la aceptación de la evidencia física del cambio climático antropogénico: deben hacerse reglamentaciones climáticas más robustas y debe asegurarse que la ciudadanía está involucrada para aumentar su aplicación.
(b) La toma de decisiones reglamentarias “desde arriba” y el problema de la legitimidad. En un modelo plenamente descendente, los negociadores internacionales establecen regulaciones que los representantes en niveles inferiores de gobierno deben transferir a la ciudadanía. Sin embargo, cuando estas regulaciones deben implementarse, o bien enfrentan resistencia por parte del público o bien no se implementan, pues se consideran una forma de imposición. Incluso un esquema de ‘gobernanza policéntrica climática’ (que permite múltiples centros de autoridad en diferentes niveles de gobierno, permitiendo mayor experimentación y aprendizaje) plantea problemas de legitimidad, pues promueve que actores particulares de gobierno “orquesten” organizaciones y coordinen sus actividades, sofocando posibilidades de experimentación y aprendizaje.
El incremento de participación ciudadana en la ciencia climática y en decisiones reglamentarias podría limitar la influencia de experticia institucional en espacios democráticos. Puesto que no es un proyecto meramente científico, sino que busca producir acciones efectivas, se debe involucrar al público no sólo en la “política de la ciencia” sino en la “política de las regulaciones” (a menudo muy politizadas). Esto permite evitar que se difunda información incorrecta sobre el cambio climático, prevenir formas de dominación de la experticia epistémica sobre decisiones sobre regulación de la ciencia climática, produciendo una política y regulaciones en las que el público esté comprometido de manera más transparente. Una manera de lograrlo es promover investigación interdisciplinaria co-producida por ciudadanos, científicos y legisladores.
Aunque hay evidencia de transiciones hacia energía más limpia y reducción de emisiones por regulaciones dirigidas por el gobierno y el mercado, esto deja fuera a gran parte de la ciudadanía. Los ciudadanos pueden tomar un papel social más activo cambiando las regulaciones y promoviendo su implementación para mitigar y adaptarse al cambio climático. Para ello, debe haber más interacción entre investigadores climáticos y ciudadanos, que le permita a estos últimos comprender cómo se construyen regulaciones científicas.
Este incremento del compromiso ciudadano no es un sustituto de los acuerdos políticos “desde arriba” o del cambio tecnológico, pero puede incrementar su velocidad y ambición para cumplir con objetivos climáticos colectivos de mitigación y adaptación. Hacer más conscientes a los ciudadanos y al público de las consecuencias de sus actos y su conducta sobre el entorno (local) puede inclinar a ciudadanos, científicos y legisladores a promover un cambio más integral que considerar el cambio de regulaciones climáticas meramente como una responsabilidad del gobierno/estado. De este modo, los ciudadanos también se vuelven agentes políticos que hacen presión sobre sus representantes para permitir tales cambios en niveles superiores del estado.
Mario Gensollen y Marc Jiménez-Rolland
