En nuestro país, desde el 17 de octubre de 1953 se conmemora el aniversario del sufragio de las mujeres, como oportunidad para participar de manera activa en la vida democrática del país. Es por ello que durante el presente mes, me daré a la tarea de compartir pluma con compañeras Comisionadas del Sistema Nacional de Transparencia, quienes desde las cuatro regiones que lo integramos (norte, centro, centro occidente y sur), vivimos y construimos realidades dentro de espacios de toma de decisiones, en lo que respecta a la tutela y ejercicio de dos derechos humanos que nos empoderan y nos protegen: el acceso a la información pública y la protección de nuestros datos personales.
En este primer documento, conjuntamente con la comisionada dra. Patricia Ordoñez León, del estado de Tabasco, partimos del punto consistente en que las mujeres hemos estado excluidas de los ámbitos de decisión, derivado de la discriminación estructural de la que hemos sido objeto y que aun permea, pese a notorios avances legales, estructurales y fácticos que se han logrado, sin ser esto exclusivo de México, sino un problema sociocultural que afecta muchas sociedades, en ese sentido el trabajo para erradicar esta problemática también ha sido materia de estudio internacional.
Haciendo historia, existen dos momentos trascendentes para las mujeres en relación con la vida democrática de México, el primero de ellos aconteció el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se adicionó el artículo 115 constitucional para reconocer la igualdad de las mujeres en la vida política del país y por ende permitir el ejercicio de su voto en urnas y la postulación de candidaturas a nivel federal, cuestión que se materializó el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres sufragaron por primera vez en la elección de diputados federales para la XLIII Legislatura, sin embargo, los estados de Chiapas, Yucatán y Tabasco desde 1916 habían reconocido la igualdad jurídica en ese sentido.
El segundo momento ocurrió veinticuatro años después, con la elección de la primera gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León para el Estado de Colima en 1979. Y si bien, es muy relevante lo anterior por ser el cargo político más alto en una entidad federativa, no significa que no hubiera ejemplos de data anterior y de los que podemos citar a Elvia Carrillo Puerto primera diputada municipal de Yucatán en 1923; la profesora Elvira Gutiérrez de Ricárdez primera diputada de Tabasco en 1956; o María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras senadoras mexicanas en 1964. Por su parte María del Carmen Alanis Figueroa, fue la primera mujer en presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2007; María Marván Laborde primera mujer en asumir la presidencia del Instituto Federal Electoral en 2013; o María de Jesús Patricio Martínez, primera mujer elegida por el Congreso Nacional Indígena como representante en las elecciones de 2018.
Debemos entender que el camino que las mujeres han transitado no ha sido fácil, ya que pasaron de encontrarse relegadas a las labores domésticas y de cuidado, sujetas a la potestad de su esposo o los hombres de su familia, a convertirse en fuerza laboral, cabezas de familia y por supuesto, figuras de poder no solo en el ámbito social, sino también en el político, lo que inició un cambio tan gradual como significativo en la sociedad, siendo así que los cargos de liderazgo, que hasta hace algunas décadas se encontraban restringidos, ahora son cada vez más ocupados por mujeres, aunque no debemos olvidar que la discriminación aun se encuentra presente y sus expresiones aún son patentes en la sociedad mexicana, por lo que ha sido necesario que el Estado establezca una serie de instrumentos y mecanismos.
Cada vez más la sociedad reflexiona sobre temas como la equidad de género, los techos de cristal, o las cuotas obligatorias, esto representa un gran avance para una sociedad que debe mirar hacia adentro y cambiar conductas enraizadas en su historia y perpetuadas por la sociedad, máxime cuando vivimos en un Estado democrático, que para las mujeres representa ejercer nuestra ciudadanía no solamente bajo la posibilidad de elegir a quienes nos gobiernen, sino también participar activamente en los cargos públicos y de tomas de decisión trascendentes para el Estado, es decir: no solo vivir en el Gobierno, sino también construir dentro de él.
