La discusión más reciente a propósito de la relación que existe entre los mandatarios estatales y el gobierno de López Obrador yace en la interrogante de si es necesario o no, actualizar la Ley de Coordinación Fiscal y el pacto que da vida a la misma.
Derivado del trato injusto e inequitativo que han venido denunciando diez entidades del país, cuyos gobernadores se han agrupado en una fuerza de contención denominada “Alianza Federalista”, la relación con la Federación se ha tensado como no ocurría desde hace más de 50 años.
Considerando las consecuencias de los recortes presupuestales que ha aplicado el gobierno de López Obrador, se entiende porque la idea de abandonar el actual pacto fiscal cuenta ya con el respaldo de los habitantes de esas mismas entidades que conforman la alianza.
En Aguascalientes, por ejemplo, la política centralista y austericida del gobierno federal ha quitado recursos fundamentales para el turismo, el campo, el sector salud y aspectos tan importantes como la protección civil.
En tan sólo dos 2 años nuestra entidad ha dejado de recibir miles de millones de pesos que eran esenciales para la promoción de sus pueblos mágicos como San José de Gracia, Asientos y Calvillo; para la manutención de las estancias infantiles y el seguro popular, para la inversión en campo y obra pública, y para la profesionalización de las policías locales, entre otros rubros.
Contrario a ello, a través de la recaudación de ISR, IVA, IEPS, ISAN (Impuesto sobre Automóviles Nuevos) y otros conceptos recaudatorios, Aguascalientes ha venido aportando al Pacto Fiscal más de 20 mil millones de pesos anuales y se ha colocado como uno de los estados con mayor productividad y crecimiento económico en los últimos 10 años.
Sin embargo, con la administración de López Obrador y bajo el pretexto de la política de austeridad que practica su gobierno, el estado ha recibido menos del uno por ciento de esos recursos en 2019 y 2020.
¿Vale entonces la pena continuar dentro de un modelo fiscal en el que las entidades más productivas del país, como Aguascalientes, auspician el gasto público del gobierno federal de Morena, que incluye las mega obras del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y la base de Santa Lucía; y además mantienen al resto de las entidades menos productivas, a cambio de nada?
Al igual que los gobernadores de la Alianza Federalista, creo que es necesaria una profunda reforma en la materia que incluya la actualización y modificación de la Ley de Coordinación Fiscal (que data de 1953), sin que ello implique una ruptura del Pacto Federal.
Lo cierto es que al concentrar todos los recursos, como los que constituyen el Fonden y el Fortaseg por ejemplo, la Federación camina hacia un peligroso retroceso que deja a las entidades sin los recursos elementales para hacer frente a un desastre natural, como la sequía y las heladas que afectaron a Aguascalientes en 2011, 2015 y 2016; o para capacitar a las policías estatales y municipales, que hoy se enfrentan a la delincuencia organizada.
Además se advierte claramente el profundo autoritarismo que distingue al gobierno morenista, al no escuchar a gobernadores y alcaldes; y la opacidad constante con la que éste se conduce. La eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar (antes de Gastos Catastróficos) es un claro ejemplo de lo segundo, pues en la reforma al Artículo 77 de la Ley General de Salud, no se incluye un solo párrafo que garantice que esos recursos serán usados para atender la pandemia de Covid-19 o para la compra de vacunas, como asegura el presidente.
El enfrentamiento entre gobernadores miembros de la Alianza Federalista y el gobierno de López Obrador, como algunos analistas lo califican, es en realidad la defensa justa del Federalismo y el respeto que merece cualquiera que participe en el funcionamiento institucional y presupuestal del país.
Del lado de las entidades tendrá que venir una reflexión de las obligaciones, alcances, capacidad y políticas recaudatorias. Del lado de la Federación la obligación inmediata es dejar atrás la conducción ideológica del país que tanto daño ha provocado en 23 meses de gobierno.
