De cara a las elecciones federales, previsiblemente competidas, la posibilidad del uso de programas sociales por diversos actores como medio ilegítimo para la obtención del voto es un riesgo latente, fundado en evidencias documentadas.
Ante la posibilidad del uso electoral de los programas, la política social y sus beneficiarios, se han convertido en rehenes de los ciclos electorales y de actores políticos sin escrúpulos.
Los programas orientados al combate a la pobreza son más susceptibles de ser usados con fines electorales en la medida que atienden a la población en condiciones de pobreza, quienes dependen de ellos de manera importante. Esta es la población en la que podría intentarse influir ilegítimamente la orientación de su voto.
El uso electoral de los programas sociales tiene varias modalidades entre las que conviene diferenciar:
Ofertas clientelares: la oferta de incorporación a programas a cambio del voto.
Uso político de los programas: acciones directas con los beneficiarios para solicitar o coaccionar su voto.
Irregularidades en la actuación de funcionarios o agentes operativos de los programas, como manejo del padrón de beneficiarios con fines electorales.
La distribución del gasto como estrategia para influir en los resultados de la elección.
El conjunto de situaciones y percepciones que propician esta visión son las diferentes condiciones de pobreza de la población; una marginal participación social estructurada; una visión del voto sin impacto alguno (pocos ciudadanos creen que el voto sirve para controlar o castigar al gobierno o a los políticos); la percepción de que las elecciones son un gasto inútil y muy grande y, por último, una desilusión importante con los partidos y los gobernantes, “todos son iguales”.
Un ocho por ciento del total de beneficiarios de programas sociales han sido objeto de presión mediante el ofrecimiento de despensas, servicios médicos, programas de ayuda social, útiles escolares, láminas de construcción y servicios de óptica.
Las ofertas clientelares se concentran en la población de beneficiarios de LICONSA y OPORTUNIDADES.
La incorporación a programas sociales es la segunda oferta clientelar en importancia. Los programas que más se ofrecen para obtener el voto: Apoyo a madres solteras, Becas, Créditos a la Vivienda, Apoyo Alimentario y Seguro Popular. 61por ciento de quienes reciben ofertas, terminan inscritos en los programas, una tercera parte son promovidos por un líder político y un 15 por ciento por funcionarios. Un 40 por ciento de la población que recibe ofertas clientelares recibe visitas para recordarle que hay que ir a votar (y por quién).
Aunque la instrumentación de los programas se haga en correspondencia con sus reglas administrativas y el diseño establecido, su arranque, implementación y difusión no se realizan en el vacío, sino en determinadas coyunturas políticas.
La lógica político-electoral en la distribución de los recursos de programas federales se ha dado a través de la situación político-electoral de cada estado. De acuerdo con el análisis estadístico de los resultados de diversas elecciones respecto del porcentaje de población beneficiada por el programa OPORTUNIDADES, los datos estadísticos apuntan a que en los municipios con altos porcentajes de población beneficiada por el programa; el PRI y el PRD disminuyeron sus porcentajes de votación, en relación a procesos electorales anteriores.
Los mecanismos de acceso y permanencia en programas como OPORTUNIDADES, Apoyo Alimentario, Atención a Adultos Mayores o Abasto de Leche no están regulados por principios jurídicos que fundamentan derechos, sino por criterios administrativos, por consiguiente no son exigibles.
Finalmente, y a consecuencia del vacío de control en la ejecución de los programas, es frecuente que a los beneficiarios se les coaccione para que asistan a eventos políticos, o bien se haga entrega de los beneficios en asambleas políticas. De igual manera se realizan visitas de funcionarios o ejecutores de los programas para solicitar el voto a favor del partido político “del Presidente”. Se amenaza a los beneficiarios con retirarles de los programas si no apoyan a los candidatos del mismo partido o se incorpora a beneficiarios por su apoyo a los candidatos o al propio partido.
