APRO/Mathieu Tourliere
Las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Public Citizen exhortaron al mecanismo Covax a publicar sus contratos con las empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas contra el covid-19 y a incentivar el intercambio de patentes para que los productos estén disponibles rápidamente y para todos.
“Publicar los contratos y los precios al tiempo que se comparte la propiedad intelectual es una buena manera de empezar a garantizar que las vacunas sean asequibles y estén disponibles para miles de millones de personas que las necesitan desesperadamente”, plantearon en un comunicado difundido hoy a nivel global.
Aparte, refrendaron que Covax debe respaldar la propuesta presentada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) –y respaldada por más de 100 gobiernos y organizaciones– para eximir totalmente las vacunas de algunas normas de propiedad intelectual “hasta que se generalice la vacunación en todo el mundo”; dicha iniciativa, recalcaron las organizaciones, ha sido bloqueada por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Japón y Brasil.
El mecanismo Covax fue creado en abril de 2020 –en plena expansión del SARS-CoV-2– para financiar el desarrollo de vacunas y ayudar a gobiernos de ingresos bajos y medios a acceder a ellas; sin embargo, hasta la fecha solo se han entregado 49 millones de dosis a 100 países, y enfrenta un “importante déficit” en su financiamiento.
En abril pasado, la iniciativa señaló que le faltarían 2 mil millones de dólares para llegar a su objetivo de suministrar 2 mil millones de vacunas en 2021.
Hasta el momento, los países de ingresos altos y medio altos han acaparado nueve de cada diez vacunas producidas en el mundo e incluso constituyeron reservas con el excedente millonario de vacunas; en contraste, apenas el 0.2% de vacunas llegó a los países más pobres.
El pasado 26 de marzo, Seth Berkley, Soumya Swaminathan y Richard Hatchett, responsables de las instituciones que dirigen Covax, indicaron que transparentaron todos los documentos a excepción de los que “infringirían obligaciones de confidencialidad”.
Sin embargo, las organizaciones le reviraron que, en lugar de basarse en las cláusulas de confidencialidad, Covax debería publicar todos los contratos “para facilitar la rendición de cuentas sobre el gasto público”, y someterse a una auditoría de terceros para verificar los precios de adquisición.
“Los gobiernos y otros donantes que financian a Covax deben exigir la máxima transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la verificación de todos los compromisos de las empresas de suministrar a Covax a precios no lucrativos o con beneficios mínimos a través de auditorías de terceros cuyos resultados se compartan públicamente”, urgieron las organizaciones.
