APRO/Mathieu Tourliere
El proceso de licitación del contrato de Servicios Integrales de Apoyo para la Migración y Emisión del Pasaporte Mexicano Electrónico, el más cuantioso que la cancillería ha otorgado durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón –por 3 mil 326 millones de pesos–, estuvo marcado por presuntas irregularidades que desembocaron en impugnaciones ante el Órgano Interno de Control (OIC), una de las cuales sigue vigente.
La operación estuvo piloteada desde la cancillería por Juan Carlos Mercado Sánchez, un excolaborador de Ebrard, quien en 2014 fue inhabilitado 20 años y condenado a pagar una multa de 2 millones y medio de dólares por su papel central en las irregularidades detectadas en los esquemas de contrataciones multimillonarias de la polémica Línea 12 del Metro. Estos cargos le fueron retirados por el OIC del Metro el 9 de abril de 2018.
El 13 de julio de 2020 la cancillería dio a conocer el fallo de la licitación del contrato que ampara la personalización e impresión de pasaportes electrónicos en los 256 puntos de emisión que existen en México y en los consulados en el extranjero. El periodo del contrato abarca el resto del sexenio y hasta el 29 de diciembre de 2025. El fallo determinó que la mejor opción fue la presentada por el consorcio encabezado por la española Informática El Corte Inglés y la francesa Thales, ambas contratistas del entonces Distrito Federal durante la administración de Ebrard.
Este fallo contradijo un dictamen preliminar elaborado por un equipo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS), que había descartado la propuesta después de determinar que las empresas no podían cumplir con el servicio en tiempo y forma, según coinciden documentos y testimonios de personas cercanas al proceso de licitación consultados por Proceso.
En respuesta a un cuestionario de este semanario, la cancillería afirma que el consorcio está asumiendo la personalización de los pasaportes –que siguen sin ser electrónicos– desde el pasado 14 de noviembre; en entrevista, Mercado dice que el consorcio empezó a cobrar desde el pasado enero; mientras las fuentes cercanas al tema sostienen que el servicio lleva meses de retraso, por lo que no se emitirán los pasaportes electrónicos en tiempo y forma.
Además, unas semanas después de darse a conocer el fallo, Mercado Sánchez otorgó por adjudicación directa otro contrato de 344 millones 827 mil pesos al mismo Corte Inglés, para Servicios Integrales de la Transición del Pasaporte que, según dijo el funcionario en entrevista con Proceso, se refiere a la impresión de láminas que se colocan encima de los pasaportes actuales.
Durante la fase de licitación, el consorcio ganador del contrato incumplió con dos criterios que, según la propia convocatoria de la cancillería –y el equipo técnico de la UNOPS–, eran causas suficientes para desechar la propuesta.
Así, el 19 de junio de 2020 el consorcio entregó una muestra de cinco ejemplares del pasaporte –o “especímenes”– sin las características que pedía la dependencia, y aparte no presentó el certificado de cumplimiento con la “NOM-019-SCFI-1998: Seguridad de Equipo de Procesamiento De Datos”, según consta en el acuse de entrega-recepción de los “especímenes” y en un documento de “atención a comentarios” entre la UNOPS y la cancillería, consultados por Proceso.
Cuando el equipo técnico de la UNOPS señaló a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el consorcio había incumplido con estos requisitos, la dependencia reviró que la opinión de los expertos era “errónea”, y defendió la propuesta del consorcio, que finalmente ganó el contrato.
En respuesta a un cuestionario de Proceso, la SRE afirmó que recibió los especímenes y “fotografías” de los pasaportes, pero se negó a entregarlas a este semanario porque “contienen información concerniente a la instancia de inconformidad del procedimiento de mérito, por lo que guardan el carácter de información clasificada como reservada”.
Cuatro de los otros cinco consorcios que compitieron en la licitación del contrato impugnaron el fallo ante el OIC de la cancillería, que abrió los expedientes INC-0003/2020, INC-0005/2020 e INC-0006/2020.
En respuesta a este semanario, la SRE indicó que el OIC desechó “por sobreseimiento” las 26 inconformidades legales y técnicas de la impugnación de Cosmocolor; declaró “infundados” los 27 motivos técnicos del consorcio encabezado por Veridos; y desechó la queja de Mühlbauer tras determinar que “no cumplió con los elementos legales que se requieren”.
Hasta la fecha sólo queda vigente la impugnación del consorcio encabezado por Indra Sistemas, que consta de cuatro motivos de inconformidad legal y 12 motivos de inconformidad técnicos.
Las presuntas irregularidades en el proceso de licitación alcanzaron a la UNOPS, la agencia de la ONU que intentó vender el avión presidencial y participó en la polémica compra consolidada de medicamentos. En esta ocasión, la agencia internacional acompañó la licitación en periodos durante los cuales no tenía acuerdos firmados con la cancillería y terminó avalando el fallo a pesar del dictamen contrario de su propio equipo técnico.
El dictamen preliminar no aparece en el expediente de la cancillería. Mercado sostiene, en entrevista con este semanario, que finalmente “la UNOPS concordó con nosotros” a través de un “dictamen final, uno último”, producto de un análisis de más de 15 días, y añade: “Es un tipo de contratación que es compleja porque se tiene que conversar y argumentar, y una vez que damos nuestros argumentos se pone por escrito. No se vale analizar lo que pasó en estos 15 días por arriba y por abajo”.
