- Políticas anticorrupción sin justificación técnica han provocado daños al acceso a la salud
- Denuncian desabasto, tratamientos tardíos y atrasos en los estudios de laboratorio
Defensores de los derechos humanos de personas con VIH de todo el país denuncian que luego de 30 años de arduo trabajo, se repite la historia sobre el riesgo de perder la estabilidad en la salud de miles de personas con sida dependientes del Insabi, debido a la fallida y mal planeada “política de austeridad” con la que actúa el Gobierno Federal.
En rueda de prensa virtual, varios activistas que han formado parte en una lucha de 30 años de trabajo incansable por defender el derecho a una salud integral de las personas con VIH o sida del país y de trabajo colaborativo entre sociedad civil y gobierno, destacaron que en este tiempo han realizado una permanente vigilancia y seguimiento de los procesos para la compra de medicamentos, su distribución y entrega oportuna, contribuyendo de manera significativa en lograr la supresión viral en las personas, es decir “la indetectabilidad”, misma que se encuentra enmarcada en las metas planteadas en los objetivos del Desarrollo Sustentable para el año 2030.
Destacaron que con la nueva administración federal, la modificación del mecanismo de compras de insumos de salud, incluidos medicamentos, trajo consigo la centralización de la compra consolidada de antirretrovirales por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a razón de esto, el 31 de julio de 2020 se firmó el convenio entre Insabi y UNOPS, mencionando que la modificación a la política de compra nacional por una internacional, traería beneficios y eficiencia en su entrega oportuna evitando así, desabastos. Sin embargo, hasta la fecha no se han observado dichos beneficios en materia de salud y reducción de costos.
Los activistas clarificaron que no están en contra de las políticas anticorrupción, pero estas acciones políticas sin justificación técnica han provocado daños al acceso a la salud, pues la poca operatividad y eficiencia en los procesos de licitación, compra y distribución de medicamentos que afectan a todas las instituciones de salud pública de todo el país, se ven reflejados, no sólo en problemas de desabastos, sino también en entregas tardías de tratamientos y atrasos en los estudios de laboratorio.
Además, en el mes de noviembre del 2020, varios derechohabientes con VIH del IMSS, de manera arbitraría fueron víctimas del desabasto antirretroviral, por lo que en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, presentaron juicios de amparo que, a solicitud de las personas promoventes, fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obteniéndose una sentencia favorable en el amparo en revisión 227/2020, en la cual se reconoce que “la suspensión de tales tratamientos es un acto violatorio de Derechos Humanos”.
Axel Bautista, de Inspira Cambio AC, externó, “vemos con suma preocupación que dicha compra –de retrovirales– no se esté llevando conforme a lo establecido y que tiene como resultado la actuación limitada de las entidades federativas y aún más, la afectación directa en las personas con VIH o sida. Aunado a lo anterior, externamos la preocupación que sentimos por la falta de transparencia con la que opera en este sentido el Gobierno Federal y la falta de voluntad de las Instituciones para hacer pública la información que tienen obligación de dar sobre estos procesos de compra y distribución de medicamentos. Recordando que toda información gubernamental es pública y debe ser compartida cuando las y los ciudadanos la soliciten por las vías correspondientes”.
Otro tema que consideran de suma importancia y que no se está atendiendo es la relación covid-19 y el VIH, pues aseveran que no hay información prioritaria sobre los cuidados que las personas con VIH o sida deben asumir en la coinfección por SARS-CoV-2.
Informaron haber hecho llegar una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador; a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud del Gobierno Federal; a Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi; a Alethese de la Torre Rosas, directora del Censida; y demás autoridades involucradas, para exigir que de manera pronta, expedita y eficaz se solucione la compra y distribución de medicamentos antirretrovirales, no sólo para lo que resta del presente año, sino también para los años subsecuentes.
La carta fue firmada por 88 personas con VIH que por el estigma y la discriminación se reservan sus datos personales, así como por varios activistas, 60 organizaciones de la sociedad civil ciudadanía que apoyan la lucha por los derechos humanos.
