Ahora que he retomado el litigio como forma de vida, me he concentrado en la defensa de los servidores públicos, pues me parece que las nuevas regulaciones en materia de anticorrupción, se han enfocado en transformar a los funcionarios en los enemigos, creando una serie de regulaciones que día a día dificultan, coartan y sobre todo ponen en peligro a la burocracia, en especial a la masa de perfil medio o bajo.
Ciertamente las regulaciones que aparecen desde hace unos treinta años (de Miguel de la Madrid para acá) están enfocadas en crear más controles buscando combatir un fenómeno que ciertamente es lacerante para el país: la corrupción. Sin embargo, muchos de los mecanismos que buscan prevenir, en realidad se reducen a formatos y revisiones que, si tomamos en cuenta los indicadores (Transparencia Internacional) no han servido para evitar la corrupción, México permanece prácticamente en los últimos lugares sin moverse sino apenas uno o dos lugares hacia arriba o hacia abajo.
Mi percepción es que la corrupción de los mandos medios hacia abajo, se ha ido abatiendo en la medida de que la mayoría de los trámites o han desaparecido (recordemos aquella poda que hizo Felipe Calderón) o se han ido transformando en electrónicos. Creo, no tengo datos certeros, que la corrupción se mantiene en los altos mandos, exclusivamente a través de los actos que implican una erogación del estado: concesiones, y fundamentalmente las compras que hace el estado, sobretodo en obra pública.
En el derecho penal, se llama “del enemigo” a un régimen de excepción que, lejos de garantizar los derechos esenciales al acusado, se le priva de distintas prerrogativas atento a que se ve al presunto delincuente, no como una persona a reinsertar en la sociedad, sino un enemigo del estado que hay que extirpar; v. gr. Las regulaciones en torno a la delincuencia organizada que permiten violar una serie de derechos a los acusados de esta modalidad.
Me parece que, en los últimos años, hemos ido construyendo un auténtico derecho disciplinario del enemigo donde, al servidor público, se le ve cómo un corrupto, así a rajatabla, es decir, como si todos estuvieran corrompidos, cuando contrario a ello, es claro que hay una base de funcionarios que hace su chamba día a día, y también es claro que todos los que hemos hecho algún trámite, tenemos respuestas favorables o rápidas. Pienso en el sector salud y el educativo, quienes día a día hacen de nuestra vida, de nuestro México, un mejor país. Sin embargo, a todos se les mete en el mismo costal de las regulaciones, o más bien hiper-regulaciones, la última, un auténtico exceso, es la declaración patrimonial universal; me pregunto seriamente ¿Para qué queremos una declaración del empleado municipal que corta el pasto en cualquiera de los parques de las ciudades?
Como afirmaba, he vuelto a litigar, me he topado con casos de funcionarios que se ven sometidos al procedimiento de responsabilidad, sin deberla ni temerla, por observaciones de auditoría que no tienen la mayor trascendencia o repercusión de daño patrimonial al estado; claramente se trata de justificación del trabajo de los organismos internos o externos de control; y sin embargo, ahí está el procedimiento, la amenaza de una sanción y por supuesto la molestia a este funcionario: en lo económico, sobre todo si tiene que pagar un abogado. Y es que, además del derecho a contratar su propio abogado, la realidad es que, a pesar de que la ley prevé que se le nombrará uno de oficio, no existe ni a nivel estatal ni federal, un organismo de defensa especializado para los servidores públicos, un tema no resuelto aún. Tal vez sea tiempo de analizar todas estas regulaciones en conjunto, valorar las que funcionan y adelgazar estos controles que solo inmovilizan al servicio público y ven como enemigo al burócrata.
