El Índice de Estados Frágiles fue desarrollado por el Fund for Peace desde hace 25 años, y es la única en su tipo que evalúa factores como la seguridad pública y la militarización del país, la polarización en la sociedad, la fuga de talentos, la presencia de refugiados o la intervención extranjera.
La fragilidad en el ámbito regional, nacional, provincial o local presenta un riesgo significativo para la seguridad y el desarrollo de las poblaciones de todo el mundo. En muchos casos, varias partes interesadas locales e internacionales buscarán prevenir o mitigar estos riesgos y brindar asistencia que pueda ayudar a abordar estas vulnerabilidades y ayudar con el desarrollo. El Fondo para la Paz cree que para que tales respuestas e intervenciones sean efectivas, deben estar guiadas por un conocimiento profundo de los factores y la dinámica detrás de los conflictos, las vulnerabilidades y el riesgo contextual.
El Índice de Estados Frágiles evalúa condiciones sociales, políticas y económicas como: Cohesión política; Élites divididas y reclamación grupal; Fortaleza económica; Percepción de Inequidad; Legitimidad estatal; Servicios públicos; Derechos humanos.
Una vez calculados estos factores, la evaluación da como posible resultado la “vulnerabilidad de los Estados al colapso”.
Se consideran como Estados frágiles a todos aquellos países que carecen de legitimidad política y cuyos gobiernos no son capaces de garantizar la estabilidad, la seguridad ni los derechos, así como el acceso a bienes para la mayoría de las personas.
Dentro de este marco, estos factores de fragilidad pueden combinarse entre sí con mayor o menor intensidad; llevado al extremo, el paradigma del Estado frágil es aquel sumido en un conflicto civil, sin autoridad ni legitimidad alguna, y sin capacidad por tanto para garantizar a su población la provisión de los servicios más básicos.
El Índice de Estados Frágiles es una evaluación anual de 179 países la cual se basa en una medición de las presiones sociales, económicas y políticas que enfrenta cada país.
La organización no gubernamental con sede en Washington, Estados Unidos, tiene por objetivo publicar estos índices como una forma de alerta temprana para la prevención de conflictos a nivel global.
Según el informe, México presenta una calificación de 69.9 puntos de un máximo de fragilidad por 120, lo que significa una peor evaluación respecto al año pasado cuando obtuvo 67.2 puntos, con una variación de menos 0.5 puntos en los últimos cinco años y de menos 5.2 en la última década.
México obtiene el lugar 90 y tiene una calificación similar a otros países como Sudáfrica o Ucrania, en tanto, el estado más frágil es Yemen y el menos frágil es Finlandia.
México tiene menor fragilidad en materia de Élites divididas y reclamación grupal (lugar 52) y en materia Económica (56) pero se encuentra muy por debajo en la tabla en el tema de Aparato de Seguridad (164). Aparece por debajo de la media tabla en Derechos Humanos (89), Desigualdad Económica (93), Refugiados y Desplazados (103), Quejas Grupales (107) Presiones Demográficas (108) y en Servicios Públicos (111).
Se puede apreciar por qué lado del país se pueden presentar fracturas y/o fragilidades peligrosas, todas ellas atribuibles al estado mexicano que no cumple con sus obligaciones ni hace por profesionalizar sus capacidades funcionales lo que le daría la posibilidad de reducir su estado de fragilidad.
Países como Chile, Uruguay y Costa Rica, se encuentran distantes de México entre 50 y 70 lugares, en materia de fragilidad, por contar con instituciones más sólidas y solventes. Aguascalientes es muy semejante en sus indicadores generales a esos países.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 establece un vínculo directo entre el desarrollo sostenible y las sociedades pacíficas e inclusivas dotadas de instituciones fuertes. Ese objetivo establece la paz como un elemento de desarrollo legítimo y, por lo tanto, encarna el compromiso de evitar la fragilidad de los estados.
Según la organización Civicus, al día de hoy solamente el 3% de la población mundial vive en países en los que el Estado permite y fomenta la participación de la ciudadanía en la defensa de sus derechos y en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Mientras, en 106 países los ciudadanos corren riesgo cuando se organizan, expresan o movilizan para la mejora democrática de sus sociedades y en otros 63 países, el espacio cívico está deteriorándose.
