Es innegable que el paso constante del tiempo va haciendo efectivos sucesos que están anclados al calendario más allá de la voluntad de las personas, por más poderosas que estas sean, como el presidente de México. Estos sucesos son parte integral de la realidad que, como afirma Ignacio Zavala, siempre es más terca que el presidente López. Sí, la realidad junto al tiempo va haciendo efectiva su tozudez, así que los eventos que se vienen anunciando pronto harán su presentación con todo la potencia y alegoría que los define.
La semana presidencial se desarrolló sobre el piso que la realidad le fue poniendo día a día y comenzó con el aviso de su inminente Tercer Informe de Gobierno a realizarse el 1 de septiembre próximo, sugiriendo que se realice en Palacio Nacional, en su terreno por supuesto, ¿cómo para qué arriesgarse al escrutinio de los representantes del pueblo bueno qué, a últimas fechas, se ha mostrado convenientemente sabio? Asimismo, retomó el asunto del regreso a clases presenciales, aún a costa de la ¿estrategia? de la SEP al respecto. Del decálogo propuesto por la titular de Educación Pública, Profra. Delfina Gómez, el presidente López tuvo a bien desechar, desconociendo, la Carta Compromiso de los Padres de Familia respecto a la salud de los menores educandos, “prohibido prohibir” fue su sesudo argumento. Así que el 30 de agosto todos a clases, la tercera ola del covid-19 y los semáforos rojos en aumento, son pecata minuta para el asunto. “Hay que asumir riesgos” (en los bueyes -hijos- de mi compadre) López dixit.
En esa misma oportunidad, el presidente AMLO arremetió contra el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, al que tachó de “ultraconservador”, por negar la posibilidad de utilizar los Derechos Especiales de Giro aprobados por el FMI por 12 mmd para pagar deuda externa. Encarrerado, le aventó la pelota al flamante nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Ramírez de la O. Veremos. Aunque la realidad legal de México y los acuerdos y convenios internacionales siguen siendo eso, realidad.
Asimismo, asuntos muy específicos y de menor envergadura, se asomaron problemas como los relativos a la diplomacia cultural que se conduce desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrad. Desde el despido grosero del Jorge F. Hernández en España, pasando por la designación de Brenda Lozano y la reacción en contra de la base cuatrotera, y la propuesta de una poetisa indígena. Así el manejo de la diplomacia cultural de México. Un lío.
En medio de toda esta discusión entre el regreso a clases, el pleito con el BM, la pandemia en su tercera ola, la diplomacia cultural, se asomaba El Tema del ánimo e interés del presidente: la consulta relativa a la revocación del mandato. Ya van al menos un par de semanas que el asunto le quita el sueño al presidente. Realmente lo tiene enfadado y por supuesto no admite que esta complicación que vive su proyecto político se descompuso básicamente por su culpa, que no responsabilidad, que ya sabemos que a la 4T eso de la responsabilidad no le sienta.
El miércoles 18 de agosto en sesión de la Comisión Permanente del Congreso, de los 35 representantes populares presentes, 23 afines a la 4T no lograron hacer la mayoría calificada para formalizar la convocatoria al tan sentido periodo extraordinario. Entre ausencias y los votos de la oposición frenaron ese primer intento. El viernes se intentaría de nuevo, y se repitió el resultado. No al período extraordinario para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, misma que en opinión de las bancadas opositoras era una “ley por instrucción y a modo del presidente López Obrador”.
El segundo intento, cursó la misma suerte, al grado que el líder del Senado, Ricardo Monreal, debió hacer de tripas corazón, y con toda la pompa y boato que logró reunir tras los fallidos intentos, anunció que la revisión de la ley reglamentaria de la revocación de mandato sería el primer tema de la LXV Legislatura a empezar el 1 de septiembre.
Ahora bien, lo aprobado por el Poder Legislativo y que quedó plasmado el artículo 35 fracción IX de la Constitución, se señala precisamente de la revocación del mandato del Presidente de la República, y en el Tercero Transitorio se precisa: “Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”.
Mañosamente, la propuesta del dictamen que pretenden aprobar desde la bancada oficialista se asienta como la pregunta central de la consulta que: “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”.
De principio la pregunta que conlleva el dictamen morenista impulsará seguramente la promoción de una acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición. Además, los pendientes relacionados con el asunto no son menores, a saber, que al menos un tres por ciento de la ciudadanía mexicana (alrededor de 93 millones) solicite la realización del instrumento de la consulta de revocación de mandato, esto es, alrededor de 2.8 millones de firmas, de al menos 17 entidades estatales, mismas que se deben recolectar entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de este año. La validación de las firmas lo debe realizar el INE, sí ese INE que le da pesadillas a López, a más tardar el 4 de enero del 2022, lanzar la convocatoria, y realizar el proceso a más tardar el 6 de marzo de ese año, no el 21 de marzo (lunes) como le gustaría a AMLO.
Como corolario, el TEPJF ordenó a las autoridades electorales de Campeche el recuento voto por voto de la elección para gobernador en ese Estado. Ante tanta adversidad el presidente concedió el asedio contra Ricardo Anaya. Y la realidad sólo lo pone a mitad del camino.
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