Oh, take me back to the start
I was just guessing at numbers and figures
Pulling the puzzles apart
Questions of science, science and progress…
The Scientist – Coldplay
La divulgación de la ciencia es una actividad indispensable en cualquier sociedad. Sobre todo, si esa sociedad padece de carencias en pensamiento crítico y en educación científica. Estas herramientas intelectuales son útiles para la construcción de una ciudadanía democrática.
Una sociedad consciente, con herramientas de pensamiento fortalecidas, tiende a evitar la polarización, las conductas de juicio sumario, y los procesos totalitarios asociados al culto de la personalidad de los líderes políticos.
Por eso es importante estimular las actividades que tienen que ver con el desarrollo científico, con la investigación y la difusión del saber. Es importante propiciar que la academia sea una profesión atractiva y digna para vivir.
Por supuesto, esta noción no impide la posibilidad de que las élites intelectuales de una sociedad puedan o no beneficiarse ilícitamente de su posición con el acceso a recursos públicos y que, si fuese el caso, debería de haber responsabilidad pública.
Sin embargo, lo que ocurre entre el ejecutivo federal y los grupos de académicos e investigadores se asemeja mucho a una persecución política desde un poder omnímodo sobre sectores sociales, especialmente cuando esos sectores han cuestionado al poder.
El ejecutivo federal en la persona de su titular, así como los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la han cargado contra más de una treintena de investigadores y divulgadores de la ciencia, en una persecución judicial.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es una instancia autónoma, encargada de analizar el desarrollo científico del país, así como de divulgar la ciencia y la tecnología a través de congresos, seminarios, talleres, publicaciones, etcétera.
La treintena de investigadores perseguidos han pertenecido a este foro, extinto desde 2020 luego de que se emitiera el Estatuto Orgánico del Conacyt, en febrero de ese año; y la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, en noviembre del mismo año.
El Ejecutivo federal, la FGR, y el Conacyt han impulsado una persecución contra estos investigadores y divulgadores, mediante la causa penal 299/2021, inscrita por la fiscalía en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez.
La causa que el ejecutivo pretende acreditar es por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por una presunta afectación al erario por millones de pesos en varios años.
Sin embargo, el Poder Judicial declaró la denuncia como improcedente, toda vez que diversas auditorías acreditaron que no hubo manejo ilícito de los recursos destinados al foro, por lo que negó la extensión de órdenes de aprehensión contra los científicos involucrados.
El ejecutivo y sus propagandistas ya desde antes han emprendido una campaña sucia para afectar la legitimidad del Poder Judicial. A esa campaña se suma esta resolución que confronta a ambos poderes en un asunto de legalidad, justicia y persecución política.
En este contexto, el ejecutivo federal está todavía en oportunidad de desandar el camino, de conciliar con la comunidad científica del país (comunidad que en momentos decisivos dio impulso al proyecto del propio AMLO), y privilegiar el estado de derecho por encima de sus filias y fobias personales.
Igualmente, por la salud de la democracia y la república, el poder judicial haría bien en no ceder a las presiones políticas, y estar a la altura de su encargo, a fin de que perseveren la verdad y la justicia, no sólo en el caso de los científicos perseguidos, sino en todo lo que el Estado está obligado para con su ciudadanía.
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