- Los bienes del estado y su manejo eran opacos, por ello se tuvo que reformar la Ley de Bienes del Estado
- Antes no se sabía qué pasaba o dónde estaban los bienes que ya no se estaban usando
Antes de que se diera la reforma en la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los lineamientos que había respecto al registro de bienes que pertenecían al estado y que eran comprados con dinero público abonaban a que todo lo que pasara entorno a ellos fuera un tanto opaco, destacó Mario Alberto Vega Garza, director general Patrimonial y Contraloría Social de la Contraloría del estado.
Vega Garza también dijo que antes no se tenía contemplada una armonización con los criterios ideales del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).
Entre otras cosas, “eso es lo que en primer momento generaba una especie de opacidad, quizás no pretenciosa en manejar recursos ‘en lo oscuro’, sino más bien es una cuestión de normativa, digamos, un proceso legal a seguir para la consecución de un juicio”, profundizó el servidor público estatal.
Vega Garza dijo que a raíz de que detectaron esas deficiencias en la Ley y en los lineamientos de registro, fue que se empezó a diseñar una guía “para identificar el tipo de los bienes para su registro como activo fijo o gastos” y con ello empezar a gestionar un mejor orden administrativo, ya armonizado, donde se pueda ver con más claridad de dónde vienen los bienes, qué son, y después de su uso, a dónde van.
Incluso, agregó, actualmente ya se tienen los criterio básicos para un mejor manejo y registro de los bienes del estado, ya que esa era una parte que “flaqueaba” y que con la ayuda de los criterios de la Conac se pudo dejar atrás para que los procesos fueran menos opacos.
El funcionario de la Contraloría destacó que un ejemplo de cómo ayudan esta clase de procedimientos es la venta de los juegos mecánicos comprados por el expanista y exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, mismos que funcionaron menos de un mes y que con la actualización de los criterios de registro de los bienes se pudo al menos vender mediante una licitación pública al mejor postor. De la chatarra vendida el gobierno logró obtener cerca de nueve millones 100 mil pesos, mismos que en su momento Reynoso Femat, acusado de peculado, dilapidó en una compra que no trajo consigo beneficios para el estado.
