El gobierno de López Obrador al terminar 2021 habrá detenido a 300,000 migrantes de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Es la cifra más alta desde que en 2002 se comenzó a llevar esta estadística.
Al cierre de octubre ya sumaban 228,115 y se calcula que en noviembre y diciembre se capture a 37,000 migrantes cada mes, que ha sido el promedio mensual en el año, para llegar a las 300,000 mil detenciones.
El actual gobierno supera así el récord que tenía el gobierno de Peña Nieto con 198,000 migrantes detenidos en 2015, cuando se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur.
La cantidad de las detenciones sube a partir de la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el pasado ocho de junio. En esa ocasión se reunió con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard.
En el encuentro se firmó un acuerdo de cooperación en materia migratoria que promete fomentar las oportunidades económicas y laborales en Centroamérica; la principal región expulsora de personas por motivos económicos o de inseguridad.
No se dijo de manera pública que México se comprometía a incrementar el número de los detenidos, para luego deportarlos, pero queda claro que así fue. A partir de entonces las capturas se disparan: 22% más en julio; 71% más en agosto; 127% más en septiembre y 91% en octubre.
Este aumento en las detenciones y deportaciones en México aumentan también en Estados Unidos. En la administración Biden de octubre de 2020 a septiembre de 2021 se han deportado 1 millón 659 mil personas. Es la cifra más alta registrada desde el 2000. El 40 % son mexicanos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) considera que el creciente flujo migratorio flujo responde “a una gran desesperación humana motivada, en particular, por la crisis económica que desató la pandemia, aunado a que en muchos otros países también se están produciendo crisis de seguridad y crisis políticas, como en Nicaragua, Venezuela o Haití”.
Y añade que el actual gobierno estadounidense y mexicano están “priorizando la detención y deportación de personas por encima del acceso a una migración legal, o al asilo”. Esto explica el aumento en las detenciones por parte de la oficina de migración de Estados Unidos y de cuerpos de corte militar como la Guardia Nacional en México.
En el marco de este clima antiinmigrante de parte del gobierno de Estados Unidos y México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo pública una declaración en la que afirma recibió “con decepción” que el gobierno haya decidido reanudar el programa “Quédate en México”.
Afirma que este programa “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”.
En el comunicado los obispos mexicanos sostienen que en el tema de la migración “la situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia” y que “corresponde al Gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La CEM llama a los tres niveles del gobierno en México a respetar los compromisos para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Y señala que “con profunda sinceridad deseamos que las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio mexicano puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
@RubenAguilar
