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La flor de la manzana – Nacho Vegas
Digna Ochoa y Plácido fue una abogada mexicana, activista por los derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El 19 de octubre de 2001 fue asesinada en su casa, luego de recibir amenazas de muerte desde 1996; de ser secuestrada en su propio domicilio en 1999; de mudarse a EEUU en 2000, y de regresar a México en 2001.
Su muerte ocurrió en circunstancias atroces. Fue ultimada de dos disparos de pistola, uno del lado izquierdo de la cabeza y, a pesar de que Digna Ochoa era diestra, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó calificar el caso como suicidio y cerró la investigación. El hecho produjo indignación y protestas, y el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Digna Ochoa fue asesinada en un contexto en el que investigaba violaciones a los derechos humanos por parte de distintos mandos militares contra presuntos guerrilleros zapatistas; así como la participación de Rogaciano Alba Álvarez, exalcalde de Petatlán, Guerrero, en la tortura y encarcelamiento de activistas ambientales en esa entidad. A pesar de esos elementos, el gobierno de la Ciudad de México cerró el caso.
En el proceso de la investigación, la procuraduría capitalina no sólo cometió varias fallas graves, sino que también trabajó para revictimizar a Digna Ochoa. En palabras de la abogada Karla Michelle Salas, representante del caso, las autoridades intentaron desacreditar a la víctima mediante peritajes de psicología forense, con los que buscaron mostrarla a la opinión pública “como una loca” para sustentar la hipótesis del suicidio.
De acuerdo a Karla Michel Salas, “el caso de Digna es emblemático por varias razones, no sólo porque su crimen fue cometido contra una defensora y mujer, sino por el papel de las autoridades. Tenemos una investigación plagada de estereotipos de género, que no es objetiva, es una ‘sobreinvestigación’ de 40 mil hojas no útiles que hizo la Procuraduría para fortalecer un perfil de Digna.”
Luego de años de lucha por parte de su familia y de activistas, el 19 de enero de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano reabrir el caso de Digna Ochoa, y ha responsabilizado a ese gobierno de la ciudad de México y a su procuraduría por haber violado las garantías judiciales y haber frenado la investigación de manera intencional.
Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió al Estado Mexicano las recomendaciones para garantizar la reparación del daño, la compensación económica y la atención a la salud física y mental para la rehabilitación de los familiares de Digna; además, reabrir la investigación dentro de un plazo razonable; así como fortalecer la capacidad investigativa de actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Estas recomendaciones, así como la sentencia de la Corte, no sólo señalan la urgencia de erradicar los estereotipos de género en el trabajo de las procuradurías, de las violencias que padecen las y los defensores de los Derechos Humanos, y la precariedad de la justicia para con las mujeres; sino que también son un homenaje y una exigencia de justicia histórica para con Digna Ochoa.
El nombre y el legado de Digna Ochoa y Plácido resurgen ahora, como un recordatorio de la justicia. El responsable jurídico y político del desaseo, la negligencia y la mala voluntad con las que se cerró injustamente el caso de Digna Ochoa, es quien era entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal; esa persona es fácilmente localizable: es el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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