- En el 2019 apenas había 45 comités de contraloría social, para el 2022 se contaron 132
- Se espera llegar a 150 antes de finalizar el sexenio
A siete meses de que termine el sexenio, el último contralor nombrado por Martín Orozco Sandoval, el abogado Arnoldo Hernández Gómez Palomino, reconoce que, pese a los logros obtenidos en esta etapa de la Contraloría, la figura de los comités de contraloría social todavía debe mejorarse para que a través de vigilancia ciudadana en programas gubernamentales se pueda llegar a una mejor transparencia y rendición de cuentas.
Aunque todavía no se llega a un número ideal de contralorías sociales, hasta antes del 2022 el número de comités que existía evidenciaba la falta de interés en esta figura; según datos de la Contraloría del estado, para el 2019 se contaban solamente con 45 contralorías sociales, situación que cambió en los últimos dos años, al casi triplicar esa cifra, llegando, en el 2022, a 132 comités de contralorías sociales.
Gómez Palomino destacó que el año pasado tuvo una reunión con los nuevos presidentes municipales precisamente para abordar la instalación de las contralorías sociales, esencialmente, en la comunidades más alejadas, para verificar que los beneficiarios de programas gubernamentales realmente estén recibiendo su apoyo.
Cuestionado respecto a cuántas contralorías sociales se necesitan en Aguascalientes, el contralor respondió: “Tantas cuantas comunidades beneficiadas, o sectores, hayan (…) la contraloría social me permite ver que efectivamente se entregue a quien se le tiene que entregar, me permite también ver que las autoridades municipales de primera instancia atienden bien a la ciudadanía”.
Al considerar que la administración actual está a punto de finalizar, estimó que para antes de que sea el relevo de gobernante se espera poder llegar al menos a 150 comités de contraloría social en todo el estado.
De acuerdo al portal de la Contraloría del estado, la figura de contraloría social “es la participación activa y organizada de la sociedad en acciones de control, vigilancia y evaluación en la correcta aplicación de los programas y recursos públicos para contribuir a que la gestión gubernamental se realice con transparencia, eficiencia, legalidad, honradez y en un esquema de rendición de cuentas”.
Pero además, la contraloría social busca empoderar al ciudadano para que todos aquellos beneficiados por algún programa gubernamental sepan las reglas de operación del mismo, sus objetivos, alcances, características y montos a ejercer para, con esa información, poder emitir denuncias o recomendaciones.
Según información de la Contraloría, algunos de los motivos por los cuales los ciudadanos pueden presentar denuncias son por engaños en la calidad de obras y materiales, que se detecte el desvío de recursos, que condicione el apoyo a cambio de algo o incluso que usen los apellidos de las personas para fines partidistas.
