En días recientes, el Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial en el país y facilitar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, con base en una nueva jerarquía de movilidad que prioriza a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público por encima de los vehículos motorizados particulares. Así, esta ley busca disminuir impactos negativos sociales, económicos y ambientales del transporte y la movilidad y, en especial, reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales. ¿Qué tipo de disposiciones incluye esta nueva ley para mejorar la seguridad vial? Veamos.
En cuanto al diseño de la infraestructura vial, la ley dispone que éste deberá considerar espacios accesibles y seguros que faciliten la movilidad de todas las personas sin discriminación alguna, con énfasis en la jerarquía de movilidad antes mencionada. Es decir, la ley indica que el diseño vial deberá garantizar, en primer lugar, la movilidad segura y eficiente de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, de manera que las obras viales tradicionales que se construyen en el país, como los pasos a desnivel en Aguascalientes, que favorecen única y exclusivamente a los automovilistas, deberían diseñarse de manera diferente para beneficiar directamente a esos otros usuarios de la vía pública y no sólo a los vehículos particulares.
El artículo 35 de la ley incluso menciona que “se procurará evitar la construcción de pasos elevados o subterráneos cuando haya posibilidad de adecuar el diseño”, para hacer los cruces peatonales a nivel de calle. Asimismo, indica que las intersecciones deberán estar diseñadas para garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente peatones y personas con movilidad limitada; y prevé que el diseño de la infraestructura deberá priorizar la reducción de las velocidades vehiculares para dar lugar al transporte público y la movilidad no motorizada. Además, estipula que el diseño de carriles, pavimentos y señales deberá considerar una velocidad máxima de 30 km/h para calles secundarias y terciarias, y de 50 km/h para vialidades primarias sin acceso controlado, para lo cual podrán ampliarse las banquetas, reducir ancho de carriles, utilizar mobiliario y pavimentos especiales, etcétera.
En ese sentido, en estados como Aguascalientes, donde la preferencia de las autoridades por las obras viales convencionales, costosas, de gran escala, en las que existen múltiples intereses, parece sumamente difícil de cambiar, apegar el diseño de la infraestructura vial a los criterios anteriores será lento y complejo, pero cuando menos ahora existen nuevas directrices para fomentar un cambio de paradigma en el diseño vial. Además, considerando que las autoridades con frecuencia creen que una mejor movilidad significa una mayor velocidad vehicular y una circulación ininterrumpida –como en el caso del Segundo Anillo de Aguascalientes–, la aplicación de la nueva ley requerirá un entendimiento más amplio e integral de la movilidad urbana por parte tanto de las instancias de gobierno encargadas de la política de movilidad y la obra pública, como de la misma ciudadanía que puede –y debe– exigir e impulsar políticas públicas más eficientes e innovadoras.
Por otro lado, el artículo 49 de la nueva ley define la obligación de las entidades federativas y los municipios de realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol. Asimismo, el artículo 56 estipula que los gobiernos subnacionales podrán implementar sistemas de control vial y regulación del tránsito, incluyendo cámaras y lectores digitales de placas o lectura visual, por parte de agentes públicos u operadores privados, para regular el flujo y la velocidad de vehículos motorizados. En otras palabras, la nueva ley hace énfasis en la implementación de alcoholímetros y uso de fotomultas o tecnologías similares para garantizar una movilidad más segura, equitativa y eficiente.
No obstante, el éxito de las medidas anteriores estará sujeto al interés de gobiernos estatales y municipales de prevenir muertes y lesiones por siniestros viales y, sobre todo, a la voluntad y capacidad que tengan para navegar retos político-electorales que puedan resultar de esas medidas. Por ello, para que las nuevas disposiciones realmente tengan un efecto positivo se requerirán políticos más responsables, que entiendan los beneficios de esas medidas, que cuentan con suficiente capacidad de ejecución y negociación para implementarlas y, en especial, que estén interesados en el beneficio público. En Aguascalientes, ¿realmente se adoptarán las nuevas directrices previstas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial? Veremos.
fernando.granados@alumni.harvard.edu / @fgranadosfranco
