- Violentadores reincidentes no enfrentan consecuencias en sus partidos
- Necesario, que tribunales locales señalen grados de gravedad en las conductas de los agresores
Aunque los partidos políticos cumplen con las reglas de paridad para las candidaturas, es en los propios partidos donde más violencia política hacia las mujeres se ejerce, destacó la consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Adriana M. Favela Herrera.
Señaló que tras estudios de ONU Mujeres realizados en México, se llegó a la conclusión de que los partidos políticos son los entes donde más se violenta a las mujeres, al tener esas prácticas muy normalizadas, con acciones como esconder las convocatorias para evitar que accedan a alguna candidatura, o el hecho de que el 3% del presupuesto que ingresa a cada organismo para generar o fortalecer los cuadros de mujeres en la política no se utiliza para ese objetivo, sino para adquirir productos para la limpieza o para cursos de belleza o cocina.
Afirmó que en la experiencia de procesos electorales anteriores se destaca que cuando una candidata es violentada, normalmente es por un candidato hombre, una situación que no tiene mayor trascendencia para el partido del violentador, ya que no se le sanciona, y ni siquiera se emite una llamada de atención: “no le retiran la candidatura, lo dejan que siga participando”.
Adriana Favela expuso que se sabe de casos en los que alcaldes varones maltratan a sus regidoras o síndicas, anulándolas como participantes en el Cabildo, por lo que resulta contradictorio que las funcionarias deban llegar a esos espacios a partir de un partido político, ante los obstáculos que existen para hacerlo con una candidatura independiente, y que estos organismos políticos no respalden a sus propias militantes.
Detalló que en el Registro Nacional de Agresores hay una persona que fue alcalde en el estado de Veracruz, quien cuenta con 11 sentencias por violencia política en razón de género (VPRG); situación que no provocó ninguna reacción en su partido político, Movimiento Ciudadano; por fortuna ya no ha sido postulado para su reelección.
Para la consejera, la reincidencia se da debido a que desde los tribunales locales no se señala, luego de un dictamen positivo de VPRG, cuántos años esa persona integrará el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), ni la gravedad de la conducta del agresor, a fin de que pierda la presunción de tener un modo honesto de vivir, y se evite que esa persona sea “candidateable” a un puesto de elección o reelección por el grado de violencia que generó.
