- Disparidad del avance tecnológico podría generar justicia de primera y de segunda
- Es creciente la brecha entre los que trabajan a diario con esas herramientas y los que no
Si bien la pandemia aceleró claramente la adopción de estas herramientas, ya que las plataformas para interponer demandas y promociones se duplicaron, al pasar de 7 en 2019 a 16 en 2021, las herramientas tecnológicas se han implementado de manera heterogénea entre poderes judiciales e incluso al interior de cada uno de ellos, por lo que se concluye que la brecha en el desarrollo tecnológico de estos entes requiere ser atendida con una estrategia nacional.
Así lo señala México Evalúa al presentar un diagnóstico que mide el grado de desarrollo tecnológico en los 32 poderes judiciales del país. Este estudio es el tercero de una serie de documentos que tienen como objetivo diagnosticar y promoverla transformación digital en los poderes judiciales.
“La gran heterogeneidad en el desarrollo tecnológico de los poderes judiciales que se observa hoy en México tiene el riesgo de generar una justicia de primera y una justicia de segunda”, expresó Edna Jaime, directora general de México Evalúa, durante la presentación del Diagnóstico para la implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales.
Manifestó que la buena noticia es que la pandemia incitó a muchos poderes judiciales a subirse al tren de la justicia digital, pero la mala es la creciente brecha entre los que trabajan a diario con esas herramientas y los poderes judiciales con un desarrollo incipiente.
“Por ello es necesario implementar una estrategia nacional, y en su caso local, que impulse el desarrollo tecnológico enfocado a mejorar la impartición de justicia y consideramos que el diagnóstico que presentamos hoy contiene la información indispensable para planear esta estrategia”, indicó por su parte Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.
Expuso que la pandemia y el cierre de juzgados, que estancaron el trabajo de los poderes judiciales, los obligaron a buscar maneras de realizar sus labores de manera remota, pero…¿con qué herramientas tecnológicas contaban los poderes judiciales para impartir justicia en estas condiciones? Esta pregunta dio pie al estudio que hoy presentó México Evalúa
Los resultados de esta investigación confirman que la pandemia ha sido un factor determinante en la aceleración de la adopción de estas herramientas durante los últimos dos años, pues mientras que en 2019 sólo 16 poderes judiciales contaban con un expediente electrónico, para junio de 2021 ya eran 25. Por otro lado, los poderes judiciales que cuentan con una plataforma para interponer demandas y promociones se duplicaron, al pasar de siete en 2019 a 16 en 2021. Asimismo, en 2019, nueve poderes judiciales contaban con firma electrónica avanzada y para 2021 ya eran 15.
Sin embargo, una cosa es que existan herramientas tecnológicas y la otra es que éstas se usen. Al respecto, la investigación arroja que el uso de las herramientas tecnológicas aumentó exponencialmente durante la crisis sanitaria. Por ejemplo, en cuanto a las, en 2020 se emitieron 3.5 veces más firmas electrónicas que en 2019.
Pero la investigación también encontró que si bien la mayoría de los poderes judiciales han implementado ciertas herramientas tecnológicas –como las plataformas de videoconferencias para desahogar audiencias, los sistemas de gestión de expedientes o el expediente electrónico–, solamente la mitad cuenta con una plataforma para recibir demandas y/o promociones o una firma electrónica, y sólo 2 poderes judiciales han implementado hasta ahora los juicios en línea
También se encontró que las herramientas tecnológicas se han implementado de manera heterogénea, es decir, pocos poderes judiciales han implementado sus herramientas en todas las materias y en todos los juzgados. Generalmente, la implementación se centra en juzgados de la capital y en algunas materias.
Por otro lado, es poca la información disponible sobre las herramientas tecnológicas desarrolladas. En primer lugar, pocos poderes judiciales cuentan con un plan de desarrollo tecnológico que les permita planear a largo plazo aquellas intervenciones tecnológicas prioritarias. A menudo, los poderes judiciales tampoco cuentan con datos precisos sobre el costo de sus herramientas tecnológicas. Esta ausencia de información ocasiona que los departamentos de tecnología de los poderes judiciales tengan dificultad para solicitar un presupuesto adecuado cuando quieren desarrollar nuevas herramientas.
