- Aseveran que es un mecanismo para combatir efectivamente la corrupción
- Necesario, fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción
Dado que una de las propuestas más común entre las candidatas a la gubernatura de Aguascalientes es que van a combatir la corrupción, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Raúl González Alonso, recordó que desde este organismo se ideó un mecanismo para que así sea: la Ley de Adquisiciones; pero hasta ahora ninguna se ha pronunciado por comprometerse a acompañar esta iniciativa que ya se presentó ante el Congreso del Estado.
Si bien habrá de ser el Legislativo el que impulse la propuesta, es de todos sabido que las aspirantes a gobernadora tienen grupos afines en el Congreso, pero no se avizora ningún compromiso en este sentido para apoyar esta iniciativa de la Ley de Adquisiciones, al considerarla como algo sustancial en el combate a la corrupción y que esto no quede solo en buenas intenciones.
Destacó que en este tema es necesario fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, dotándola de recursos y exigir a los titulares que den los resultados que se esperan, además de impulsar la iniciativa que mencionó para cambiar la Ley de Adquisiciones, “que se manifiesten nuestras candidatas y nos digan si la acompañan o no, que nos den a conocer cuál es su compromiso real en el combate a la corrupción o solamente son jingle de campaña”, dijo.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló, en diciembre del 2021, que la población mexicana pagó 12 mil 769.7 millones de pesos, es decir, 64.1% más que en 2017 por la corrupción.
Para el 52.8% de los ciudadanos consultados por el Inegi, la corrupción es el segundo problema más importante en su entidad federativa, por debajo de la inseguridad y delincuencia, cuyo porcentaje fue de 78.6.
La población identifica a las policías como el sector en el que los actos corruptos se presentan con mayor frecuencia, ya que 56.3% de la población respondió que es “muy frecuente” que ocurra esta práctica. A estas instituciones le siguen los partidos políticos con 48.9%, los ministerios públicos con 41.5%, las cámaras de diputados y senadores con 36.7%, los gobiernos estatales con 35.4% y los municipales con 30.9%.
El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) ha documentado que entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas, 59% de las instituciones federales. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi también da cuenta de un incremento sostenido, de 2013 a 2019, del porcentaje de personas que han reportado ser víctimas de corrupción al momento de realizar un trámite gubernamental, que pasó de 12 a 16%.
