Calificar la falta de políticas públicas contra hechos violentos y delictivos como estrategias de seguridad, provoca malas interpretaciones y a una difusión masiva de un mensaje erróneo que causa mayores problemas de los que supuestamente se tratan de resolver.
El sistema de justicia penal permite que una persona reaccione y se defienda frente a una agresión indebida de otra, siempre y cuando ese ataque sea real, no provocado, y la reacción sea inmediata y suficiente para neutralizarlo, sin ir más allá de ese fin. El medio para defenderse debe ser el que se tiene al alcance y sea suficiente para impedir el ataque, por lo que no se trata de que se utilicen armas o circunstancias similares para defenderse, sino mecanismos para neutralizar al atacante. Así, tanto la Constitución Federal como los Códigos Penales permiten reaccionar frente a una agresión real, no imaginaria o “creída” por el que “se defendió”.
Con base a estas normas, son las autoridades quienes pueden valorar las agresiones y la suficiencia de la forma de reacción. Si bien los casos de legítima defensa deben analizarse en situación, valorando las intenciones de los involucrados, que éstos sean con ánimo de proteger y no de agredir, y que efectivamente se reúnan todos sus elementos; el problema es que en México, cada que se daña a una persona, todo quiere ser manejado como legítima defensa para eludir responsabilidades y permitir linchamientos.
Las venganzas, las proyecciones de enojo y frustración ante “percepciones” de impunidad, no son “legítimas defensas”. Cuando por perjuicios, ignorancia, molestia, hartazgo, impunidad o mensajes con doble comunicación, se golpea a una persona, se le humilla, tortura y se le priva de la vida, tenemos violencia ilegítima y venganza injustificada; mensaje que no se le ha aclarado a la sociedad, y por eso tienen la creencia de que pueden reaccionar de esa manera “amparados” por el hartazgo social.
Insisto, si reformar las leyes con el fin de dejar detenidos a todos los que consideramos delincuentes, fuera con lo único que se resolviera el problema de la comisión de delitos y la violenta reacción popular, hace años que no tendríamos esos resultados; es más fácil, y electorero, hacer creer que con portarse bien se resuelven los problemas, en vez de invertir en la satisfacción de necesidades.
En lugar de observar cómo la violencia social crece y se recrudece, a la par de discursos a favor de reformas legales que incrementen la restricción de libertades, hay temas que no pueden esperar más, y deben atenderse con políticas públicas para lograr la disminución de las injusticias, prevenir los conflictos, y atender rápida y eficazmente los ya existentes, siendo la forma en que se demostrará el compromiso a favor de los derechos de los seres humanos, como la salud, el trabajo y vivienda digna, el libre desarrollo de la personalidad, la eliminación del discurso de odio, la educación, entre otros.
Algunos de esos temas requieren adecuaciones normativas, mientras que otros ya se encuentran respaldados por leyes que obligan a todas las autoridades mexicanas a proteger y garantizar los derechos que de ellos se derivan. Cualquier autoridad, al momento de realizar un acto u omitir una conducta que tenga relación con personas titulares de derechos, debe tomar en cuenta los derechos constitucionales e internacionales para emitirlo o dejar de hacerlo, sin poder poner como pretexto que son autoridades que sólo deben aplicar la ley, o que la ley no lo contempla o no lo regula, o que no es su función analizar la validez de la ley, pues lo que deben de aplicar es la protección directa al derecho humano.
Cuando un derecho humano realmente se protege y hace efectivo, es donde puede presumirse el compromiso que se tiene con la sociedad y su desarrollo. Cada quién, desde su radio de acción, decidirá si quiere cumplir con ese compromiso.
