- La ONU-DH detectó que entre el 2010 y el 2014 “una serie de condiciones” facilitaron la práctica de la tortura y dieron pie a la impunidad
- Se trata de un esquema sistemático que permitió violaciones a derechos humanos
Durante el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre –específicamente entre 2010 y 2014–, e incluso después, en Aguascalientes operó un modelo sistematizado con “una serie de condiciones” que permitieron casos de tortura y de impunidad que, a la fecha, siguen sin resolverse y sin fincar responsabilidad alguna.
Así lo dio a conocer Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH durante la presentación del informe Hasta perder el sentido. Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, donde explicó algunas de las condiciones que “facilitaron la práctica de la tortura en forma sistemática”, y que se derivó en al menos 40 casos de tortura y tortura sexual, por lo cuales algunas víctimas siguen en prisión.
Entre esas “condiciones” facilitadoras, la ONU-DH destaca que en Aguascalientes se tuvo una “procuración de justicia incompatible con los derechos humanos”. Ejemplo de ello fue que la entidad replicó el discurso que el Poder Ejecutivo Federal –entonces a cargo de Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto– tenía en aquella época: “el combate a la delincuencia organizada como eje central de su política”, explicó el representante de la ONU-DH en México, comúnmente conocida como la guerra contra el narcotráfico, que declaró el panista Felipe Calderón y que desató una ola de asesinatos y violaciones a derechos humanos en todo el país.
“Ya es conocido que las políticas de ‘mano dura’ generan violaciones constantes de derechos humanos, pero no logran mejorar la situación de inseguridad y tampoco abonan a la generación de confianza y legitimidad en las instituciones”, añadió Fernández-Maldonado.
Otro factor que permitió estos casos de tortura fue la falta de transparencia y rendición de cuentas en la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, a cargo de Felipe Muñoz Vázquez. Esto, añadió el agente de la ONU, derivó en una situación en la “que se extendió un cheque en blanco a la Procuraduría para lograr resultados en el combate a la delincuencia, prácticamente a cualquier costo, frecuentemente pasando por encima de los derechos y la dignidad de las personas detenidas e investigadas, y causándoles un gran sufrimiento”.
Sumado a esto, otro factor detectado fue el “uso excesivo del arraigo como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes”. El arraigo es una figura que las instancias internacionales de derechos humanos han pedido a México que derogue, al tratarse de una detención arbitraria que viola los derechos de la sociedad.
Fernández-Maldonado abundó: “Los casos de tortura que documenta este informe ejemplifican el grave daño que causa esta figura y la opacidad en la que se lleva a cabo, generando el espacio idóneo para cometer otros abusos sin ningún mecanismo efectivo de control o de rendición de cuentas”. Inclusive, a la figura del arraigo también se suma el uso “desmedido” de la prisión preventiva, que también termina violando derechos de las víctimas.
En los casos documentados por la ONU-DH se consigna que algunas víctimas fueron torturadas para aceptar que fueron autores de delitos que nunca cometieron, y por los cuales fueron privadas de su libertad, sin que los verdaderos responsables enfrentaran la justicia.
Aunado a este contexto en el que se favorece a la impunidad, la ONU-DH también detectó que hubo amenazas a jueces, magistrados y personas defensoras de los derechos de sobrevivientes de la tortura, con lo que se evitaba que los verdaderos responsables o los torturadores fueran llamados ante la justicia.
“Ha existido también la falta de investigación independiente e imparcial de las alegaciones de tortura”, destacó Fernández-Maldonado, por lo que se pide que se inicien nuevas investigaciones “efectivas” con relación a los casos de torturas retomados en el informe, así como en los casos consignados en la recomendación VG017/2019 que hizo la CNDH al gobierno de Aguascalientes en el 2019, donde se consignaron testimonios para concluir torturas a 19 personas.
Ese fue el sistema que ha permitido la tortura y la impunidad en la entidad. Aún no hay responsables.
