Diana Lastiri
El expresidente Luis Echeverría murió a los 100 años estando sujeto a una investigación penal, asegura quien fue su abogado, Juan Velásquez. En entrevista con Proceso, el penalista da detalles sobre la estrategia legal que permitió al exmandatario librar sentencias por las matanzas de estudiantes cometidas por el Estado el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. También consultado al respecto, el ministro en retiro José Ramón Cossío reflexiona sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia sobre los casos contra el único expresidente de México acusado de genocidio.
Al expresidente de México Luis Echeverría Álvarez no lo exoneró ningún juez o tribunal federal. La muerte y una ley deficiente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó corregir, lo salvaron de regresar al banquillo de los acusados por las matanzas de estudiantes de 1968 y 1971.
Esas matanzas no fueron los únicos crímenes de lesa humanidad en los cuales el expresidente estuvo implicado. La represión a la guerrilla, periodo conocido como Guerra Sucia, también alcanzó a Echeverría como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero por esos hechos jamás enfrentó a la justicia.
La alternancia en el año 2000, cuando el panista Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, trajo consigo la creación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
En 2002 la Femospp, entonces encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, inició las diligencias para solicitar al Archivo General de la Nación todos los documentos sobre las matanzas del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, también conocida como Halconazo.
Según el penalista Juan Velásquez, abogado de Echeverría, éste murió aún sujeto a una investigación penal.
Señalamientos
En julio de 2002 al expresidente Echeverría se le notificó del inicio de la averiguación previa en su contra por la matanza de 1971 y, en ese proceso, él se deslindó del grupo paramilitar Los Halcones. El exmandatario dijo que éstos operaban a cargo del jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF), en ese entonces Alfonso Martínez Domínguez.
El exregente capitalino fue señalado como responsable de la formación de dicho grupo, pero en su declaración rendida por escrito afirmó que Los Halcones dependían directamente de Luis Echeverría. La Femospp lo citó en calidad de testigo, pero el exfuncionario falleció en noviembre de 2002.
En mayo de 2003 José González Aleu, director de Servicios Generales del DDF en 1971, compareció ante la Femospp y confirmó que en Los Halcones participaban militares que operaban al margen de la estructura oficial del gobierno capitalino, encabezado por Martínez Domínguez, y que tenía instrucciones de no interferir en las actividades de la subdirección a cargo del coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa, señalado como fundador de dicho grupo paramilitar, quien llegó al DDF desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.
El papel de la Corte
El 23 de julio de 2004 la Fiscalía ejerció acción penal por la matanza estudiantil de 1971 contra el expresidente y otros exfuncionarios; solicitó órdenes de aprehensión. El delito: genocidio.
En el pliego de consignación también estaban como indiciados Mario Moya Palencia, extitular de la Secretaría de Gobernación; Manuel Díaz Escobar, exsubdirector de Servicios Generales del DDF; Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda, exdirectores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); así como a los integrantes de Los Halcones Sergio Romero, Rafael Delgado Reyes, Alejandro Rivera, Sergio San Martín Arrieta y Víctor Manuel Flores Reyes.
Todos fueron señalados como responsables de “decenas de muertos y un número indeterminado de heridos por la represión del Jueves de Corpus”. Según el expediente 11-471 H-304 l-132 de la DFS el saldo fue de 23 muertos.
