Gloria Leticia Díaz
El informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, dado a conocer el jueves 18 por el gobierno de López Obrador, revela que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue “una acción concertada desde el aparato organizado del poder, en la que participaron en su implementación, además de Jesús Murillo Karam: por parte de la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch –actual jefe de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México–, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dos almirantes y un comandante de zona militar, entre otros funcionarios y mandos de los tres niveles de gobierno.
Horas después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, diera a conocer el “Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la aprehensión del autor de la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Difundido el viernes 19, el escueto comunicado de la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, expone que la captura de Jesús Murillo Karam responde a una orden de aprehensión solicitada por la fiscalía a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, “por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa”.
Miembro distinguido de la clase política del PRI, exgobernador de Hidalgo, exdiputado federal, exsenador y extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Murillo Karam quedó marcado por “la verdad histórica” sobre el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 27 de enero de 2015, esclavo de sus palabras, Murillo Karam sostuvo en una conferencia de prensa que los 43 normalistas en conjunto fueron llevados al basurero de Cocula por una confabulación entre miembros del crimen organizado y policías municipales de Cocula e Iguala, donde fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en el Río San Juan, en Cocula.
Tras la descripción, Murillo Karam sostuvo que esa era “la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”, versión en la cual se definía que no había “una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército”.
A unos días de que se cumpla el octavo aniversario de la desaparición de los jóvenes, el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) establece que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue “una acción concertada desde el aparato organizado del poder”.
Considerada la desaparición forzada de los estudiantes como “un crimen de Estado, en el cual concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. El documento expone que la narrativa diseñada en el gobierno de Peña Nieto, y que adoptó Murillo Karam, “forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia, a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”.
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El informe de la Covaj describe la “verdad histórica” de la administración pasada como “el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder, en la cual participaron en su implementación, además de Jesús Murillo Karam: el entonces subprocurador de la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la Seido, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), Tomás Zerón, quien ha informado de la participación en este caso de las autoridades del más alto nivel del gobierno federal”.
