Diana Lastiri
Ante la incertidumbre jurídica sobre el futuro del tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien el próximo 1 de octubre dejará la gobernatura de Tamaulipas, su sucesor, Américo Villarreal Anaya, incluyó en su equipo de transición a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que recabe información a fin de proceder contra él cuando deje el cargo. En cuanto a la Fiscalía General de la República, que lo acusa de delincuencia organizada, deberá reiniciar su orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un breve respiro al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al reconocer la validez de su fuero constitucional e invalidar la orden de aprehensión emitida en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En tanto, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del mandatario tamaulipeco, consiguió un amparo para que sus cuentas bancarias sean liberadas, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no acreditó que lo incluyó en la lista de personas bloqueadas a petición de alguna autoridad extranjera.
El miércoles 17, por unanimidad de votos, los integrantes de la Primera Sala de la Corte avalaron dos proyectos de resolución presentados por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con los que quedaron resueltas definitivamente las dos controversias constitucionales tramitadas por el Congreso de Tamaulipas para evitar el desafuero y la aprehensión de García Cabeza de Vaca.
En uno de los proyectos, los ministros declararon que una resolución de desafuero emitida por la Cámara de Diputados no invalida por sí misma la inmunidad constitucional del gobernador de una entidad, pues el procedimiento indica que para ello el Congreso local debe adoptar la resolución.
“Se reconoce la validez del dictamen de declaración de procedencia a que este expediente se refiere en la inteligencia de que este pronunciamiento no elimina por sí mismo la inmunidad procesal de la que goza el titular del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas”, indica el resolutivo.
Esta controversia constitucional fue presentada por el Congreso de Tamaulipas en mayo de 2021 contra la resolución del juicio de procedencia dictada el 30 de abril de ese año por la Cámara de Diputados, en la que el Congreso estatal afirmó que la federación invadió sus competencias.
Este juicio de procedencia, también conocido como desafuero, fue iniciado el 23 de febrero de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba, según su petición a los diputados federales, imputar al gobernador de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal. De esos tres delitos ninguno merece prisión preventiva de oficio.
En la resolución del 30 de abril de 2021, los diputados federales ordenaron notificar al Congreso de Tamaulipas para que decidieran si adoptaban o no la determinación.
Los legisladores locales decidieron no adoptar la determinación de la Cámara de Diputados y presentaron la controversia el 9 de mayo siguiente, misma que fue desechada el 14 de mayo de 2021 por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La petición de la FGR
En su desechamiento, el ministro declaró que el fuero del gobernador seguía vigente hasta concluir su encargo en octubre próximo y que las competencias del Congreso local no fueron invadidas porque la Cámara de Diputados le dio oportunidad de pronunciarse libremente.
El desechamiento fue revocado en julio de 2021 por la Segunda Sala de la Corte, por lo que el ministro González Alcántara Carrancá se vio obligado a entrar al análisis del caso.
En tanto, la FGR solicitó ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra García Cabeza de Vaca.
Estos delitos son distintos a los que dieron origen al desafuero y delincuencia organizada sí merece prisión preventiva de oficio, por lo que además solicitó la emisión de una ficha roja ante una eventual salida del gobernador del país.
Contra la petición de la orden de aprehensión, el Congreso local presentó una segunda controversia constitucional ante la Corte porque consideró que, en caso de darse el desafuero, la FGR no puede detener al gobernador por delitos diversos que dieron origen al juicio de procedencia.
Como consecuencia del reconocimiento al fuero del gobernador, la Sala apoyó la propuesta de invalidar la orden de aprehensión emitida contra García Cabeza de Vaca.
“Se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal que se precisa en esta ejecutoria en contra del titular del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas”, indicó la Corte.
Añadió que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, y el juez penal que emitió la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca no sólo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas puede ser imputado por delitos federales; sino que además, se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional de desafuero que requiere la declaratoria por parte de la Cámara de Diputados y su aceptación por parte de los legisladores locales.
Esto no significa que en octubre próximo, cuando el gobernador concluya su mandato, la FGR podrá detenerlo de manera inmediata, sino que a partir de que deje el cargo la Fiscalía podrá solicitar nuevamente una orden de aprehensión en su contra para obligarlo a comparecer a juicio.
Para entonces, la FGR podría incluso sumar nuevos delitos a la acusación contra el gobernador panista.
Durante la tramitación de las controversias constitucionales, una fracción del Congreso de Tamaulipas presentó ante la Corte dos escritos de desistimiento para evitar que los casos sean estudiados por los ministros.
Sin embargo, el Legislativo local se retractó de esos desistimientos, por lo que la Corte aceptó continuar con el análisis, al considerar que el caso tenía un interés público excepcional y que no existía plena certeza sobre la voluntad mayoritaria del Congreso tamaulipeco para desistirse de las controversias.
